Se trata de una resolución bipartidista que fue aprobada el miércoles con 420 votos a favor y uno en contra, y expresa su apoyo a los alborotadores que, según el documento, estaban “arriesgando su seguridad para hablar en contra de los abusos contra los derechos humanos cometidos por el Gobierno iraní”.
También, alienta a la Administración del presidente estadounidense Joe Biden a “imponer de inmediato, bajo las autoridades existentes, sanciones adicionales de derechos humanos a los funcionarios y entidades responsables de la represión de las recientes protestas”.
El republicano Josh Gottheimer, quien codirigió la resolución, afirmó en un comunicado que “con esta resolución bipartidista aprobada por la Cámara, estamos dejando en claro que apoyamos a las personas valientes comprometidas con la libertad y los derechos humanos, tanto en Irán como en todo el mundo”.
El republicano Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., dijo, por su parte, que la medida reafirma enérgicamente el apoyo del país norteamericano a los “manifestantes iraníes”, y agregó que Washington debe hacer cumplir todas sus sanciones existentes para garantizar que el gobierno iraní “rinda cuentas”.
Un portavoz republicano Thomas Massie, el único legislador que votó “no”, declaró al diario local The Hill que se opuso a la resolución “porque alienta la imposición inmediata de sanciones”.
En coordinación con las sanciones de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, Estados Unidos anunció el lunes una nueva tanda de restricciones contra Irán para reiterar su apoyo a los disturbios estallidos en el país persa a mediados de septiembre tras la muerte de Mahsa Amini.
Aunque la Organización de la Medicina Forense de Irán confirmó que la muerte de Amini se produjo por un fallo orgánico múltiple y no por golpe en la cabeza o en órganos vitales, los países occidentales han culpado, desde el principio, a los agentes policiales del incidente, haciendo todo lo posible para manipular la información.
Las autoridades iraníes denuncian que los actos vandálicos forman parte de un plan diseñado y financiado por Estados Unidos, Israel y varios países europeos para desestabilizar el país persa y cambiar el sistema gobernante en la República Islámica.
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