El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, anunció el martes, mediante un comunicado, que presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) para impedir que implemente una política que limite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el arresto a inmigrantes indocumentados para a posteriori procesar los trámites de sus deportaciones.
A esta solicitud se unió el fiscal general de Montana, Austin Knudsen, quien argumentó en otra nota difundida que la suspensión de las deportaciones de los migrantes en situación irregular en EE.UU. constituye una “peligrosa política de inmigración”.
De este modo, ambos estados gobernados por republicanos han cursado una moción de orden judicial pidiendo a una corte federal que detenga la implementación de las políticas migratorias promovidas por la Administración demócrata de Joe Biden.
El 20 de enero, el mandatario estadounidense, nada más jurar el cargo, ordenó la inmediata paralización de deportaciones en los primeros cien días de su mandato, una decisión que no fue bien recibido por los estados fronterizos con México, y gobernados por los republicanos.
De hecho, esa orden ha sido bloqueada por un juez federal a petición del estado de Texas, también republicano, que fue el primero en actuar en esa dirección. No obstante, el fallo es temporal, ya que solo bloquea la orden de Biden mientras toma una decisión definitiva sobre estas prácticas migratorias.
La política migratoria prometida por el actual dirigente demócrata, durante su campaña electoral, dista mucho de su predecesor republicano Donald Trump, quien en sus cuatro años del mandato promovió una política de “tolerancia cero” a la inmigración en todas sus variantes posibles, incluyendo una masiva deportación de los migrantes indocumentados residentes en Estados Unidos.
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