Rupert Colville, el portavoz de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció el viernes las sanciones autorizadas por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra los miembros de la Corte Penal Internacional por investigar los crímenes de guerra de Washington en Afganistán.
En declaraciones a la prensa de forma virtual, Colville lamentó el impacto que las medidas estadounidenses pueden tener en las investigaciones y juicios en curso en la CPI.
“Se debe garantizar la independencia de la CPI y su capacidad de operar sin interferencia para que pueda decidir los asuntos sin ninguna influencia, estímulo, presión, amenaza o interferencia inapropiada, directa o indirecta, de cualquier parte o por cualquier motivo”, enfatizó.
También ha puesto énfasis en que las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y sus familias tienen derecho a la reparación y a la verdad.
A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, condenó el viernes la decisión de la Administración Trump y pidió al país norteamericano que retire las medidas anunciadas contra la CPI.
“Esta decisión representa un ataque grave contra el Tribunal y los Estados miembros del Estatuto de Roma y, lo que, es más, pone en duda el multilateralismo y la independencia de la Justicia”, subrayó el ministro galo.
Por otro lado, el Reino Unido, otro aliado de EE.UU., ha apoyado este sábado a la CPI. El secretario de Asuntos Exteriores británico, Dominic Raab, ha recalcado que “los funcionarios de la CPI deben poder llevar a cabo su trabajo de manera independiente e imparcial, y sin temor a sanciones”.
De igual manera, el Ministerio de Exteriores de Austria en un mensaje en la red social Twitter ha anunciado este sábado su respaldo a la Corte Penal Internacional y “la supremacía de derecho en las relaciones internacionales” ante la decisión de Washington.
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