Fue en noviembre de 2017 cuando tomó más fuerza la petición de investigar los supuestos crímenes de guerra en Afganistán cometidos por militares estadounidenses y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su acrónimo del inglés) de EE.UU.
Sin embargo, Washington no pudo esconder su ira hacia la amarga realidad de una querella que mancharía aún más la imagen de la Casa Blanca en el mundo. Amenazó con arrestar y sancionar a los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) si se mueven para acusar por crímenes de lesa humanidad a cualquier estadounidense que haya servido en Afganistán.
Al final, la Corte Penal se rindió ante esta política de chantaje del presidente de EE.UU., Donald Trump, y rechazó este viernes estudiar los crímenes en el país asiático.
Alega que la investigación en este momento no serviría a los intereses de la justicia. Mientras tanto, Trump celebró la medida como una victoria y la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) la cuestionó categóricamente.
EE.UU. no ha ratificado el Estatuto de Roma que en 2002 constituyó la CPI, cuyo objetivo es llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidios.
Desde entonces, Washington lleva a cabo una campaña contra la Corte y aduce que esta puede comenzar enjuiciamientos motivados políticamente contra los ciudadanos estadounidenses.
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) ha informado que solo en la última década, más de 32 000 civiles afganos han muerto y otros 60 000 han resultado heridos a causa de la invasión estadounidense.
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