Por Iqbal Jassat
Desde comienzos de este año, las fuerzas de ocupación israelíes y las milicias de colonos han perpetrado cerca de 12 000 ataques contra ciudadanos palestinos y sus propiedades.
Según datos recogidos por fuentes palestinas, Israel se ha apropiado de más de 800 dunums (197 acres) de tierras palestinas bajo diversos pretextos, emitiendo 36 órdenes de confiscación con fines militares y una orden de expropiación de tierras bajo el pretexto de construir y ampliar carreteras.
Press TV cita a una fuente que afirma que la mayoría de estas órdenes de demolición se concentraron en los siguientes gobernorados: Al-Jalil con 145 órdenes, Ramala con 131, Qalqilya con 49 y Ariha con 46.
Aunque las estadísticas no logran reflejar la tragedia humana que se vive en los territorios palestinos ocupados, lo cierto es que los palestinos han sido víctimas de semejante vileza por parte del régimen ocupante desde la Nakba de 1948.
Entre 1947 y 1949, las fuerzas militares sionistas atacaron las principales ciudades palestinas y destruyeron alrededor de 530 aldeas. Aproximadamente 15 000 palestinos fueron asesinados en una serie de atrocidades masivas, que incluyeron decenas de masacres.
En su libro titulado El atlas de Palestina, el reconocido historiador e investigador palestino Salman Abu Sitta documenta con detalle lo ocurrido en esas 530 aldeas.
Pruebas irrefutables han llevado a numerosas organizaciones de derechos humanos a acusar a Israel de “cometer crímenes de lesa humanidad mediante el apartheid y la persecución contra los palestinos”.
A pesar de los cientos de informes de investigación elaborados por una amplia gama de organizaciones de derechos humanos respetadas —que abarcan miles de páginas con testimonios condenatorios—, la llamada comunidad internacional hasta ahora ha fracasado en revertir la devastadora injusticia provocada por la Nakba.
Sin embargo, el 7 de octubre marcó un punto de inflexión cuando el movimiento de resistencia con base en Gaza, Hamás, lanzó la Operación Tormenta de Al-Aqsa no solo para reivindicar el honor y la dignidad del pueblo palestino, sino también para sacudir la conciencia del mundo frente a la injusticia del régimen colonial de asentamiento.
Hoy nos encontramos ante una situación que, tras 21 meses de genocidio bárbaro y sostenido, ha confinado por la fuerza a los palestinos de la Franja de Gaza a menos del 15 por ciento del territorio.
Aproximadamente 2,3 millones de personas están hacinadas en condiciones asfixiantes, con menos espacio por persona que el que se asigna a los detenidos en la base de Guantánamo, según el Euro-Med Monitor.
“Con el genocidio israelí entrando en su vigésimo segundo mes, la realidad sobre el terreno ya no se limita al bombardeo y asesinato sistemático, sino que se trata de un proceso integral de borrado de la Franja de Gaza. Los residentes son ahora tratados como detenidos en un centro de detención masiva, confinados a una zona agobiante de no más de 55 km², bajo estricta vigilancia militar y con objetivos de ataque directo”, señala el grupo de derechos humanos con sede en Ginebra en su último informe.
“Esto se produce luego de que Israel convirtiera aproximadamente el 85 por ciento del enclave en zonas restringidas mediante órdenes de evacuación o un control militar ilegal.”
A pesar del embargo militar israelí y la negativa de permitir el ingreso de periodistas a Gaza, la cobertura mediática nos recuerda que la población se encuentra atrapada dentro de los estrechos límites de la Franja.
Frente a incesantes bombardeos y ataques de drones las 24 horas del día, las personas son despiadadamente privadas —en flagrante violación de todas las normas civilizadas— de agua, alimentos, refugio y atención médica, y se les impide de forma violenta regresar a sus hogares bombardeados.
“Se trata de una política deliberada que refleja un proceso genocida por parte de Israel, destinado a arrancar al pueblo palestino de su tierra y borrar su presencia física y demográfica mediante asesinatos masivos, desplazamiento forzado, hambre y destrucción sistemática de la vida”, informa el Euro-Med Monitor.
Desde que Sudáfrica presentó su histórica demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para responsabilizar a Israel por el crimen de genocidio, y tras la emisión de órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra los criminales de guerra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, una pregunta que muchos se hacen es: “¿Qué más se puede hacer?”
El Euro-Med Monitor considera que aún se puede —y se debe— hacer mucho más por parte de los Estados del mundo. Una prioridad urgente es impulsar la restauración del acceso humanitario y el levantamiento del bloqueo ilegal.
Dado el peligro inminente de hambruna, esta es la única vía para frenar el deterioro humanitario acelerado y garantizar la entrada de ayuda.
Las Naciones Unidas deben asumir su mandato y asegurar la entrega de alimentos, medicinas y combustible a todas las zonas del asediado territorio palestino costero.
Más aún, el organismo insta a los países que cuentan con tribunales de jurisdicción universal a emitir órdenes de arresto contra los líderes políticos y militares israelíes implicados en el genocidio en curso, e iniciar procesos judiciales conforme a su obligación legal internacional de enjuiciar crímenes y combatir la impunidad.
“También deben responsabilizar a sus propios ciudadanos que hayan cometido violaciones contra palestinos, de acuerdo con sus obligaciones legales nacionales e internacionales y dentro de su jurisdicción territorial o personal”, añade.
Asimismo, sostiene que la Corte Penal Internacional debe acelerar sus investigaciones y emitir órdenes de arresto contra todos los funcionarios del régimen israelí involucrados en los crímenes internacionales perpetrados en la Franja de Gaza.
“Estos crímenes deben ser reconocidos formalmente y tratados como actos de genocidio. Se recuerda a los Estados Parte del Estatuto de Roma su obligación legal de cooperar plenamente con la Corte, asegurar la ejecución de las órdenes de arresto y llevar a los perpetradores ante la justicia.”
* Iqbal Jassat es miembro ejecutivo de Media Review Network, en Johannesburgo, Sudáfrica.
Texto recogido de un artículo publicado en PressTV.
