El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes que un individuo, siete empresas y nueve petroleros fueron incluidos en su lista negra por la presunta participación en la venta de petróleo iraní y la evasión de las sanciones existentes.
Según el departamento, Waleed al-Samarrai, un empresario iraquí-kittitiense, fue acusada de mezclar petróleo iraní con petróleo iraquí y venderlo en el mercado mundial como de origen iraquí.
El Tesoro afirmó que esta operación generó cientos de millones de dólares en ingresos tanto para Irán como para al-Samarrai.
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Boscent, declaró que Washington mantiene su compromiso de desbaratar los continuos esfuerzos de Teherán por eludir las sanciones estadounidenses.
Esta última medida se produce tras las sanciones anunciadas el 3 de julio de este año contra otra red de compañías petroleras. En esa ocasión, Washington ha justificado su medida citando la Orden Ejecutiva de 2023, que afecta a sectores de la economía iraní, incluidos los sectores petrolero y petroquímico.
Sin embargo, estas sanciones, al igual que las anteriores, carecen de base legal y legitimidad internacional y se consideran una acción unilateral de Washington. Los expertos enfatizan que las políticas de sanciones estadounidenses, especialmente contra Irán, exceden la competencia del Consejo de Seguridad de la ONU y contradicen claramente los principios del derecho internacional.
Según los analistas, al reiterar estas medidas, Washington se aísla aún más en el escenario internacional, ya que muchos países ya han anunciado que no se adherirán a las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos.
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