“Ya comienza a agrietarse ese pretendido apoyo a la solución militarista de la crisis (colombiana) (…) El tiempo (…) se agotó", ha indicado este jueves, Jorge Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo”, uno de los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Ya comienza a agrietarse ese pretendido apoyo a la solución militarista de la crisis (colombiana) (…) El tiempo (…) se agotó", ha indicado Pablo Catatumbo.
Mediante un comunicado leído por Catatumbo, en el contexto del 38º ciclo de los diálogos de paz en La Habana (Cuba), las FARC han criticado la decisión de Bogotá de enviar más efectivos policiales al departamento del Cauca (suroeste de Colombia), epicentro de conflictos.
La guerrilla afirma que el despliegue de las unidades militares y el establecimiento de puestos de control en esa zona violan las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Aduce que el Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha de pensar medidas para poner fin a la “guerra”, fundamentalmente, promover un cese al fuego bilateral. “No hay otro remedio”, dice.
Cabe recordar que el comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos (DDHH), Todd Howland, solicitó el martes al Gobierno colombiano establecer un cese al fuego bilateral por un tiempo limitado a fin de reducir la intensidad del conflicto.
De igual manera, agrupaciones de mujeres colombianas urgieron el miércoles a las FARC y al Gobierno a restablecer una tregua en sus enfrentamientos a fin de proteger al pueblo.
El pasado 22 de mayo, las FARC suspendieron contra su voluntad, una tregua unilateral que declararon en diciembre de 2014 por la muerte de 26 de sus miembros en los bombardeos del Ejército colombiano, si bien anteriormente había informes que corroboraban 18 bajas en las filas de la guerrilla.
La guerrilla además ha sugerido a Santos que cambie la política de seguridad democrática, promovida en 2002, por el expresidente Álvaro Uribe, ya que a su juicio, ha resultado ineficaz para poner fin al conflicto armado en Colombia.
La política de seguridad democrática en Colombia es una política gubernamental que propone un papel más activo de la sociedad colombiana dentro la lucha del estado y de sus órganos de seguridad frente a la “amenaza” de los grupos armados activos en el país.
La intensificación de la violencia ha agravado la situación en Colombia y ha afectado las negociaciones de paz que adelantan las partes desde el 2012, a través de las cuales se busca poner fin a un conflicto social y armado que, según las cifras oficiales, se ha cobrado la vida de unas 220.000 personas y ha dejado unos 5,3 millones de desplazados.
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