“Fue un montaje resultante de un proyecto de poder por parte de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contra legem [contrarios a la ley]”, proclamó el miércoles el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil José Antonio Dias Toffoli anulando todas las pruebas en contra del presidente Lula da Silva [que también desempeñó dicho cargo entre 2003 y 2010].
El magistrado, asimismo, definió el arresto del líder del Partido de los Trabajadores (PT) entre abril de 2018 y noviembre de 2019 como un “error histórico”.
En concreto, Toffoli declaró como inútiles todas las pruebas recibidas por el acuerdo con Odebrecht al considerar que habían sido obtenidas a través de medios “heterodoxos e ilegales”, como “tortura psicológica”, por el exjuez Sergio Moro y los exfiscales de la operación Lava Jato, además de asegurar que la intención de aquel caso era la de “poner a un líder político entre rejas”.
Los acuerdos de delaciones premiadas a Odebrecht firmados en el marco del Lava Jato en 2017 deberán volver ahora a jueces de la primera instancia para revisarse, dado que Toffoli consideró que no hubo un procedimiento adecuado.
Lula fue detenido en abril de 2018 acusado de corrupción pasiva y blanqueo de capitales . Fue liberado 580 días después, en Curitiba. En 2021, el máximo tribunal brasileño anuló las condenas de Lula, facilitando así que el dirigente político se presentara a las elecciones en noviembre de 2022, en las que logró la victoria ante Bolsonaro (2019-2023).
El ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, también reaccionó al fallo celebrando la decisión del STF, que deja atrás “una de las páginas oscuras” de la historia del país. “La decisión del juez Toffoli tiene dos implicaciones: una es jurídica, al reafirmar la inocencia de Lula, que fue injustamente juzgado sin el debido proceso legal; la otra es política, al dejar constancia de los absurdos perpetrados en una página oscura de nuestra historia”, dijo.
”Cuando el Ministerio de Justicia reciba oficialmente la decisión, la enviaré a la Policía Federal para que cumpla la orden de investigar la responsabilidad penal de los funcionarios públicos”, agregó.
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