Moro, tras ordenar el ingreso en prisión de Lula da Silva, dice que no concederá ningún derecho extraordinario al exmandatario de 72 años.
Así pues, 15 políticos brasileños (entre ellos nueve gobernadores) no pudieron ver a Lula en la ciudad de Curitiba, en el sur del país, donde el exmandatario se encuentra recluido desde el sábado, condenado sin pruebas a 12 años y un mes de prisión por presuntos actos de corrupción.
Pocas informaciones han trascendido desde que Lula se entregó a la policía. El ex mandatario podrá recibir a los abogados en días hábiles y a su familia solo los miércoles. Los gobernadores pedirán a la Corte Suprema un recurso para que las autoridades del país también puedan visitar a Lula.
La decisión de Moro se produjo poco después de que la Corte Suprema negara al exmandatario un hábeas corpus con el que pretendía evitar su prisión antes de agotar todas las apelaciones en instancias superiores.
No obstante, el Partido de los Trabajadores (PT), formación fundada por Lula da Silva, confirma que el expresidente sigue siendo su candidato a los comicios presidenciales de octubre y ha trasferido su ejecutiva a Curitiba en un intento por usar su encarcelamiento como caballo de batalla electoral.
Gran parte de los brasileños rechaza la condena y exige la libertad de Lula, que ocupa el primer lugar en los sondeos de intención de votos de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre.
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