El rechazo del habeas corpus preventivo reduce las posibilidades de que el exmandatario de 72 años siga en libertad, particularmente si la Corte de segunda instancia que lo sentenció deniega los últimos recursos de apelación. Ese fallo, según los observadores, podría anunciarse dentro de unas pocas semanas.
“Deniego el pedido”, ha declarado el presidente del tribunal, Reynaldo Soares, secundando a sus dos predecesores en la audiencia. “La última palabra es siempre del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema)”, ha declarado.
La audiencia del STJ, responsable de la palabra final en litigios que no involucren cuestiones constitucionales, se enfocó en dilucidar si el eventual arresto de Lula sin agotar todas las instancias judiciales viola su presunción de inocencia, como sostiene su defensa.
De todos modos el abogado Sepúlveda Pertence, defensor del exmandatario, aun puede apelar a la última instancia que es el Supremo Tribunal Federal.
Lula enfrenta siete procedimientos penales. Pero se declara inocente en todos. “Este proceso es como si aun estuviéramos en los tiempos de la Inquisición, donde no se necesitaban pruebas, apenas convicciones (…) El día que la policía o la Fiscalía general prueben que recibí un solo real saldré de la vida pública”, ha declarado este martes por la mañana el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en una entrevista con la radio Metrópole, del estado de Bahía.
Este proceso es como si aun estuviéramos en los tiempos de la Inquisición, donde no se necesitaban pruebas, apenas convicciones (…) El día que la policía o la Fiscalía general prueben que recibí un solo real saldré de la vida pública”, ha declarado el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Lula fue condenado en 2017 a nueve años y medio de prisión por aceptar un apartamento de lujo de una constructora involucrada en los sobornos a políticos del caso Petrobras.
Sus abogados apelaron, pero la condena fue ratificada de forma unánime en enero de este año por el Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4), de segunda instancia, que además amplió la pena a 12 años y un mes de cárcel.
Esta fue otra de las muchas derrotas judiciales del exmandatario (2003-2010), quien afirma ser víctima de una persecución para evitar que retome el poder.
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