• El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, 25 de abril de 2017.
Publicada: martes, 12 de septiembre de 2017 23:42
Actualizada: jueves, 14 de septiembre de 2017 10:00

La denuncia de la Fiscalía General de Brasil contra Lula da Silva por el delito de corrupción pasiva forma parte de la persecución política de que es objeto.

La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva catalogó este martes de “improcedente e inmoral” la nueva denuncia por presunta corrupción pasiva presentada el lunes por el Ministerio Público Federal (MPF).

Una vez más “miembros del MPF abusan de sus prerrogativas legales para intentar constreñir al exdignatario y además manipulan el sistema judicial brasileño con el fin de promover una persecución política que ya no puede seguir siendo disfrazada”, indicaron los letrados en una nota.

El texto recuerda, además, que ese tema ya fue objeto de una acción penal y juzgado en primera instancia hace más de un año.

La denuncia presentada esta semana por la Fiscalía se enmarca en el ámbito de la operación Zelotes e incluye también al exministro Gilberto Carvalho y a otras cinco personas, todas investigadas por supuestamente favorecer a empresas automotrices mediante la emisión de una medida provisoria en noviembre de 2009.

(...) miembros del MPF abusan de sus prerrogativas legales para intentar constreñir al exdignatario y además manipulan el sistema judicial brasileño para promover una persecución política, indicaron los abogados defensores del exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

 

En ese sentido, la defensa de Lula reiteró que los trámites de la medida, desde su edición hasta la aprobación por el Congreso Nacional que la convirtió en ley sin votos en contra, fueron ‘absolutamente correctos’.

Según la denuncia, las coimas prometidas, algunas de las cuales se pagaron a intermediarios para que estos las pasaran a los políticos, eran para financiar las campañas políticas del Partido de los Trabajadores (PT), de cuya fundación participó el propio Lula en 1980.

En total, el exjefe del Estado está procesado en otras cuatro causas y ya fue condenado en julio por el juez Moro a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva por haber recibido de forma clandestina un departamento a cambio de favorecer a la empresa constructora OAS en contratos con la petrolera estatal Petrobras.

En caso de que esta condena sea ratificada, Lula corre el riesgo de ser detenido e inhabilitado para las elecciones presidenciales de 2018, para las cuales aparece como favorito según los escenarios de todas las encuestas.

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