El juez de garantías Miguel Salazar rechazó el jueves la acción de libertad interpuesta por el equipo jurídico del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido en el marco del caso Golpe de Estado I en la cárcel de Chonchocoro, con el objetivo de que sea transferido a un centro médico especializado.
“El juez de sentencia anticorrupción de la capital, constituido en juez de garantías constitucionales, deniega la tutela requerida”, señaló Salazar.
En este contexto, uno de los abogados que compone la parte denunciante en el caso, Jorge Nina, subrayó que el magistrado “denegó la solicitud por la falta de elemento fundamental y falta de demostración que su vida esté en riesgo”.
Sin embargo, según explicó Martín Camacho, uno de los abogados de la defensa, el tratamiento que requiere el exgobernador incluye el suministro de un suero cada 20 días. “Estamos pidiendo que se le dé la atención médica necesaria (…). Está en un ambiente con condiciones precarias e insalubres”, denunció.
¿Cómo pasa sus días Luis Fernando Camacho en Chonchocoro?
El otrora burgomaestre cuenta con 17 profesionales de la salud que lo atienden las 24 horas del día en la cárcel de Chonchocoro, ubicada en el municipio altiplánico de Viacha, donde cumple prisión preventiva.
“Se disponen cuatro médicos generales en turnos de 24 horas, dos licenciadas en enfermería, cinco especialistas del Hospital de Clínicas, un reumatólogo, un inmunólogo, un médico internista, dos emergenciólogos y un terapista intensivo”, detalló el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
A ello se complementa equipamiento médico, una ambulancia cerca de la habitación a la que se añadió una segunda cama para que uno de sus familiares pueda acompañarlo. También in situ hay un laboratorio del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) y una ambulancia categoría C como medida de prevención.
Conforme a reportes de sus propios médicos, especialistas del régimen penitenciario, entre otros, Camacho presenta un estado de salud estable.
Camacho fue aprehendido el miércoles en Santa Cruz en medio del rechazo de sus simpatizantes y luego trasladado a La Paz por el delito de “terrorismo” en el marco de su implicación en el golpe de Estado de 2019 contra el expresidente Evo Morales. Un juez de Bolivia dictó el viernes detención preventiva de cuatro meses en su contra.
La detención ha provocado protestas y actos vandálicos en el país. Esto se produce después de que Creemos, partido del gobernador de Santa Cruz, advirtiera que el arresto de su líder expone a Bolivia a una “gravísima situación de violencia” y que podría derivar en “insospechadas consecuencias” para el Gobierno boliviano.
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