“Hoy nos amenazan con llevarnos a la corte (...), allá nos veremos con mucho gusto y veremos quiénes han violado el tratado”, ha expresado hoy jueves Arturo Murillo –quien funge como el ministro del gobierno de facto del país andino, presidido por Jeanine Áñez– en una rueda de prensa concedida en La Paz (capital).
Estas declaraciones se producen luego de que el Gobierno mexicano previamente anunciara que presentará una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por “asedio policial y militar” a su embajada en Bolivia, tras 5 días consecutivos de intimidación contra la sede diplomática, donde se ha incrementado el patrullaje y vigilancia; y también después de que el gobierno golpista boliviano, ordenara el arresto de cuatro personas asiladas en la embajada del país azteca.
Evo Morales, que había sido reelegido en octubre para un cuarto mandato, debido a una persecución contra sus simpatizantes y la falta de apoyo de la Policía y las Fuerzas Militares, se vio obligado a renunciar y viajó a México.
Murillo ha señalado que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rompió los acuerdos “cuando le dio asilo al señor Evo Morales”, a quien ha calificado de “terrorista confeso”, y, además, ha acusado a México de permitir que Morales emitiera declaraciones políticas “absolutamente fuera de lugar” durante su estadía en ese país.
En tanto, el ministro del gobierno golpista ha sostenido que a pesar de que los mexicanos resguardan “delincuentes”, están “protegiendo la embajada” y la residencia mexicana, en vez de asediarla.
Tras la dimisión de Morales y su partida dos días después a México, una veintena de personas ingresó en la embajada del país azteca en La Paz, capital de Bolivia, para solicitar asilo político. Aquel entonces, el presidente mexicano expresó su compromiso de trasladar a su país a los que se refugiaban en la misión diplomática en La Paz.
El lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, mediante un comunicado emitido, condenó la “excesiva presencia” de seguridad cerca de su embajada en Bolivia y pidió a las autoridades bolivianas cumplir con sus deberes internacionales.
Áñez, que se autoproclamó mandataria interina de Bolivia, inmediatamente después de la renuncia del expresidente indígena, por su parte, intenta justificar la vigilancia policial bajo el pretexto de que “ha recibido información creíble de amenazas de violencia por parte de movimientos sociales (…) e indígenas”.
Las relaciones entre ambos países han llegado a una escalada de tensión después de que el Gobierno de AMLO aceptara en noviembre pasado asilar al depuesto mandatario boliviano, Evo Morales y repudiar el golpe de Estado contra ello. México, desde el principio, se ha negado a reconocer a Áñez como presidenta de Bolivia.
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