“Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la Nación”, reza un comunicado emitido el sábado por la noche por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La nota, leída en cadena nacional de radio y televisión por la magistrada Tania D'Amelio, dice que la decisión se toma “ante la ausencia forzosa del presidente de la República, a la luz de la situación excepcional generada por el secuestro” de Maduro, lo cual configura un supuesto de “imposibilidad material y temporal” para el ejercicio de sus funciones.
El TSJ ha señalado que en medio de la “urgencia y amenaza” vividas en el país resulta imperativo que Rodríguez ejerza dicha función “de inmediato”, a modo de facilitar “la preservación de los intereses de la Nación frente a la agresión extranjera que actualmente enfrenta”.
Sin embargo, la Sala del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado claro que esta decisión se toma solo para preservar la soberanía del país y garantizar la continuidad administrativa del Estado, y no implica “decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial [temporal o absoluta], ni sustituir las competencias de otros órganos del Estado para realizar dicha calificación en procedimientos posteriores”.
El anuncio se produce luego de que Estados Unidos lanzara la madrugada del sábado ataques aéreos masivos contra la nación latinoamericana, que afectó la ciudad de Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira y concluyó con la captura del presidente constitucional del país, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.
El Gobierno venezolano calificó las acciones de Washington de una “gravísima agresión militar”, advirtiendo que el objetivo de los ataques “no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aplaudido la ofensiva, afirmando que su país “se hará cargo de Venezuela” y sus recursos energéticos, algo que ha repetido su secretario de guerra, Pete Hegseth, en una entrevista con CBS News, afirmando que estos ataques y el secuestro de Maduro permitieron acceder a “riqueza y recursos adicionales”.
El jefe del Pentágono afirmó que contrario a la invasión de Irak en 2003 en la que Washington gastó “décadas y décadas” sin adquirir “nada a cambio”, “el presidente Trump da vuelta a la situación. Dice que, mediante acciones estratégicas, podemos asegurar el acceso a riqueza y recursos adicionales, lo que permitirá al país aprovecharlos sin tener que gastar sangre estadounidense”.
La agresión militar estadounidense ha desatado un aluvión de críticas y condenas a nivel internacional, desde las Naciones Unidas que han advertido que el ataque constituye “un precedente peligroso”, hasta Irán, Rusia, China y muchos países latinoamericanos que han considerado el secuestro de Maduro como un acto de terrorismo de Estado, enfatizando que Venezuela “tiene el derecho a decidir su propio destino sin ninguna intervención destructiva”
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