Por: Robert Maillard *
Lo ocurrido recientemente en Venezuela no es un evento cualquiera. Es un mensaje para el mundo entero, especialmente para aquellos países que rechazan el proyecto hegemónico occidental.
En las primeras horas del sábado, EE.UU. secuestró al presidente democráticamente elegido de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo cargos supuestos de “narcoterrorismo”, tras llevar a cabo una serie de ataques con misiles y drones en Caracas.
En un tuit y posteriormente en una rueda de prensa, el presidente estadounidense, Donald Trump, asumió la responsabilidad del ataque, el cual viola de forma flagrante el derecho internacional, comparándolo con el secuestro en 1989 del expresidente panameño Manuel Noriega, para luego declarar que Washington “gestionará temporalmente Venezuela”.
Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó inmediatamente después. Trump anunció la entrada de grandes empresas petroleras estadounidenses para explotar las vastas reservas de petróleo de Venezuela, consideradas las mayores del mundo. En otras palabras, EE.UU. secuestró al líder de un Estado soberano con el fin de apoderarse de su petróleo.
De inmediato, muchos países condenaron esta agresión descarada: Brasil, México, Chile y Colombia hablaron de violaciones de la soberanía, mientras que Irán y Rusia denunciaron una agresión armada contra un Estado soberano.
China, por su parte, expresó seria preocupación por el secuestro del jefe de Estado y exigió la liberación inmediata de Maduro. Las Naciones Unidas advirtieron sobre el peligroso precedente que está sentando el gobierno estadounidense.
En África, Sudáfrica condenó enérgicamente el asalto y advirtió que el uso unilateral de la fuerza amenaza el orden mundial. Burkina Faso expresó clara solidaridad con Venezuela, denunciando la violación de la Carta de la ONU.
Pero no todos han condenado esta escandalosa violación del derecho internacional. En Europa, la autodenominada “cuna de la democracia”, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente francés, Emmanuel Macron, defendieron el acto de secuestro, mientras buscaban excusas para condenar las acciones rusas en Ucrania.
El presidente argentino, Javier Milei, también dio la bienvenida a la violación de EE.UU. del derecho internacional, al igual que el régimen israelí.
De este modo, queda claro que algo está cambiando. De hecho, Trump no dudó en advertir que lo sucedido el Día de Año Nuevo en Venezuela podría ocurrir también en otros países, como México, Cuba y Colombia. Y este es el verdadero problema.
En otras palabras, lo que está en juego aquí no es tanto el destino del líder venezolano en sí, sino el atropello absoluto del derecho internacional, en el sentido de que un Estado puede derrocar a otro en nombre del derecho penal mientras lleva a cabo un asalto a sus recursos y advierte que otros seguirán. Si este precedente se normaliza, ningún país estará verdaderamente a salvo.
Ya para el lunes, se esperan dos importantes desarrollos que podrían inclinar el orden mundial y decidir el futuro de las relaciones internacionales: un posible juicio contra Maduro en EE.UU. y una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).
El hecho de que Maduro pueda ser llevado ante un tribunal de EE.UU. significa que una potencia extranjera se atribuye el derecho de juzgar e imponer su propia ley sobre un jefe de Estado y, más allá de eso, sobre toda una nación.
Luego, la convocatoria al Consejo de Seguridad de la ONU plantea una pregunta central: ¿Ha violado EE.UU. el derecho internacional? ¿Han creado los estadounidenses un precedente que corre el riesgo de ser adoptado por el resto del mundo? Si es así, ¿cómo se debe responder?
Para muchos países, el tema ya no es el destino de Maduro, legítimamente elegido por el pueblo venezolano, sino el método utilizado por los estadounidenses, un método que desprecia la Carta de la ONU, según la cual la soberanía estatal es un principio fundamental y el uso de la fuerza está estrictamente regulado.
Sin embargo, la agresión militar estadounidense contra Venezuela, que según se informa causó 40 muertes, también reconocidas por los medios de EE.UU., no contó con un mandato claro de la ONU ni un contexto de guerra declarada. Es una acción unilateral llevada a cabo por la mafia de guerra que ocupa la Casa Blanca, en la pura tradición de los “Cowboys”: secuestrar al líder de un Estado soberano, asegurar los recursos y burlarse del derecho internacional.
En su rueda de prensa, Trump comparó este asunto con el de Manuel Noriega, el líder de Panamá a finales de la década de 1980, quien también fue falsamente acusado en 1989 de narcotráfico, secuestrado y juzgado en EE.UU. Pero, ¿es válida esta comparación? Por supuesto que no.
En ese momento, el mundo era mucho menos multipolar. No existía China como potencia global, no había rivalidades estratégicas comparables y hubo poca resistencia internacional. La operación fue criticada, pero no alteró el orden mundial. En el mundo multipolar de hoy, sin embargo, la situación es completamente diferente.
La operación de secuestro del 3 de enero por parte de la Fuerza Delta en Venezuela crea un peligroso precedente que, si se acepta, se convertirá en una herramienta geopolítica. ¿Qué podría ocurrir a continuación? La fuerza será justificada por el “interés”, los recursos estratégicos se incluirán en la ecuación y, sobre todo, otras potencias pueden inspirarse en ello.
Por lo tanto, la pregunta que surge es la siguiente: ¿Acepta el mundo que la fuerza ahora prevalezca sobre la ley? El lunes, con el posible juicio y la reunión de la ONU, esta pregunta dejará de ser abstracta. Se planteará formalmente ante el mundo entero.
* Robert Maillard es escritor y analista militar radicado en París. El artículo fue publicado originalmente en francés en el sitio web en francés de Press TV.
Texto recogido de un artículo publicado en Press TV
