Así anunció el viernes el Director General de Administración y Finanzas, Raúl Carreño, para luego afirmar que las 70 toneladas de alimentos fueron confiscadas después de que el presidente Nicolás Maduro, decretara el despliegue de 100 fiscales de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) en la zona limítrofe de la región andina con el fin de reforzar el combate al paramilitarismo.
Asimismo precisó que desde el comienzo de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) en los seis municipios fronterizos de Táchira, se han efectuado más de 250 inspecciones, que a su juicio, han permitido disminuir las colas en los comercios y en las estaciones de suministro de gasolina, así como acabar con el acaparamiento y la especulación.
En este sentido aseguró que en los próximos días, los soldados del país bolivariano seguirán inspeccionando los grandes centros de distribución en la zona limítrofe con el fin de garantizar que los productos lleguen a los venezolanos a precios justos.
En alusión a la seguridad en Táchira, el jefe de la Región Estratégica de Desarrollo Integral (Redi) de los Andes, el mayor general Efraín Velasco Lugo, aseveró que el operativo tiene como objetivo reflejar al mundo y a toda Sudamérica la realidad en la zona fronteriza, donde se ha cometido diversos delitos, entre ellos el paramilitarismo exportado del vecino país, Colombia.
Luego de criticar a los grupos paramilitares por intentar sembrar terror en la frontera entre ambos Estados, declaró que el barrio de La Invasión (en Táchira) estaba controlado totalmente por paramilitares, que extorsionaban a las familias y controlaban el contrabando de todo tipo de productos.
A su criterio, las deportaciones de los ciudadanos colombianos han sido realizadas debido a que no poseían ningún tipo de documentación y que además, la mayoría de ellos, estaban implicados en contrabando de extracción.
La crisis de la frontera entre Venezuela y Colombia comenzó cuando Maduro ordenó el 19 de agosto el cierre de la frontera de cinco municipios del estado de Táchira con Colombia por 72 horas, a raíz de un ataque achacado a paramiliatares que dejó tres militares y un civil venezolanos heridos.
Ante la decisión, que incluyó la deportación de colombianos que residían en la frontera, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos llamó a colaborar con Caracas para frenar la inseguridad fronteriza e indicó que el cierre del paso no coadyuvaría a restablecer la seguridad en la zona.
Sin embargo, Maduro anunció el viernes la ampliación del cierre de la frontera con Colombia a fin de limpiar la zona limítrofe de "paramilitarismo, criminalidad, bachaquerismo, secuestro y narcotráfico". Asimismo ha lamentado este sábado que su país ha recibido los efectos de los 65 años de la “infinita e interminable" guerra que vive Colombia.
En un intento de reabrir la frontera, las cancilleres de Venezuela y Colombia, Delcy Rodríguez y María Ángela Holguín, respectivamente, se reunieron el miércoles para abordar el tema del contrabando en esa zona, sin llegar a un acuerdo.
La crisis fronteriza, se agravó aun más la jornada del jueves, cuando los presidentes de ambos países, Santos y Maduro, llamaron a consulta a sus respectivos embajadores a fin de revisar integralmente las relaciones mutuas.
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