El jueves, el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, extendió por un año más el decreto firmado en marzo de 2015 por el expresidente Barack obama que ubica a Venezuela como amenaza “inusual en la política” exterior de la nación norteamericana.
Mediante un comunicado emitido el viernes por la Cancillería, el Ejecutivo venezolano tachó de “ilegal” el decreto y dijo que la suposición que considera al país bolivariano como una “amenaza”, “carece de sustento y evidencia real”, y solo sirve a Estados Unidos para materializar la puesta en práctica de un bloqueo sistemático contra Venezuela en todos los ámbitos.
La nota tilde de “abusivo, unilateral, coercitivo, inhumano y violador del orden jurídico y de los principios que regulan las relaciones internacionales entre países independientes, libres y soberanos” el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Venezuela.
El pueblo venezolano, agrega el texto, reafirma su compromiso de seguir luchando y resistiendo para “defender su soberanía” siete años después del uso de la orden ejecutiva 13962 por EE.UU. para “perpetrar múltiples violaciones del derecho internacional”.
El Gobierno de Caracas reiteró al mismo tiempo su disposición a restablecer y regularizar las relaciones diplomáticas con EE.UU., “a partir del mutuo reconocimiento como estados soberanos mediante un diálogo franco y constructivo”.
La Administración de Obama recurrió en 2015 a la orden ejecutiva 13962 para recrudecer las sanciones unilaterales a Venezuela con el objetivo de destruir la economía de esa nación y lograr un cambio de régimen en el país caribeño.
Las autoridades venezolanas han censurado, una y otra vez, el “terrorismo económico” de EE.UU. contra su país y denunciado que dichos actos hostiles han tenido un impacto negativo en la salud de la gente, dificultando la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.
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