La mañana de este miércoles, María Faría, designada de manera ilegal como “embajadora” en Costa Rica por el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, ha anunciado que “asumía el control de la sede administrativa” en San José (capital costarricense), en cumplimiento de las asignaciones del autoproclamado presidente.
A través de su cuenta en Twitter, el canciller del país bolivariano, Jorge Arreaza, ha tachado de ladrones al mencionado personal, para después llamar al Gobierno de Costa Rica a cumplir con la Convención de Relaciones Diplomáticas a fin de garantizar el normal funcionamiento de la sede y resguardar la seguridad del personal de Caracas.
Por su parte, el Gobierno de Costa Rica ha reconocido esta misma jornada, a través de un comunicado, que es “inaceptable” la actuación de la misión y ha afirmado que en las próximas horas hará entrega de una nota diplomática al respecto a Faría.
“Para el Gobierno de Costa Rica tal procedimiento es inaceptable, pues lesiona elementales normas de respeto y confianza en la comunidad internacional, y, sobre todo, del derecho internacional”, reza el texto.
Para el Gobierno de Costa Rica tal procedimiento es inaceptable, pues lesiona elementales normas de respeto y confianza en la comunidad internacional, y, sobre todo, del derecho internacional”, reza el Gobierno de Costa Rica a traves de un comunicado.
#Ahora | En el cumplimento de las funciones diplomáticas, asignadas por el pdte @jguaido y reconocidas por el Gob. Costa Rica, asumimos el control de la sede administrativa de la Embajada de Venezuela en San José. Pendientes brindaremos información importante. #20Feb pic.twitter.com/2pGaZytTPI
— Maria A Faria F (@Mandyfaria26) February 20, 2019
Todo esto pese a que el Gobierno del presidente costarricense, Carlos Alvarado, ha reconocido la autoproclamación de Guaidó, actual jefe de la opositora Asamblea Nacional (AN) venezolana —declarada en desacato desde 2016—, junto a EE.UU. y varios aliados regionales de Washington.
Incluso, el Ejecutivo de Alvarado estableció el 23 de enero un plazo de 60 días para la salida de su país del personal diplomático designado por el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. En este sentido cabe destacar que Costa Rica ha lamentado en la nota que la misión de Guaidó no haya respetado el plazo.
Por su parte, la encargada de negocios de Venezuela en Costa Rica, Norma Borges, que no es reconocida por dicho país, ha destacado que ya habían denunciado ante la Casa Amarilla (sede de la Cancillería venezolana) “una violación, un asalto, una intromisión” de su contraparte.
Maduro, quien, conforme a varias encuestas, sigue teniendo el respaldo de su pueblo, ha denunciado que Guaidó sirve a los intereses de EE.UU. e Israel en la región y que “tarde o temprano” tendrá que responder ante la justicia por sus intentos golpistas.
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