El cambio legislativo, necesario pero insuficiente según la oposición, viene dictado por una sentencia del Tribunal Constitucional.
El artículo 10 de la Ley de Protestas otorgaba al Ministerio del Interior de Egipto el derecho a impedir la celebración de manifestaciones. Una potestad anulada ahora por el Tribunal Constitucional del país árabe, por ser contraria a lo establecido en la Carta Magna. La sentencia responde a las demandas interpuestas por ciudadanos como el abogado Tarek el Awady.
Activistas, partidos políticos y otras entidades opositoras han perseguido la derogación de la Ley de Protestas, desde su promulgación en noviembre de 2013. Por ello tachan esta enmienda parcial de insuficiente. No entienden que la sentencia del Constitucional mantenga intactas disposiciones que vulneran derechos fundamentales. Conceptos imprecisos como la prohibición de quebrar la paz social, argumentan, se están usando para encarcelar a opositores pacíficos.
En el Parlamento, la oposición confía en que la decisión abra la puerta al debate y que este conduzca a enmiendas de mayor calado. El Consejo Nacional de Derechos Humanos también promoverá modificaciones más profundas. Garantizar el derecho a protestar, opinan sus miembros, evitará revueltas entre la ciudadanía, que se debate entre aguardar o presionar al Gobierno para que ataje la grave crisis económica que ahoga a las familias.
La ley de Protestas egipcia ha sido condenada por ONG nacionales e internacionales. Un informe de Human Rights Watch (HRW) revela que 22.000 personas han sido arrestadas desde julio de 2014 por manifestar su oposición al Gobierno de Abdel Fatah al-Sisi.
Rocío López, El Cairo.
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