La actualización responde a la necesidad de incorporar información clave sobre los hechos recientes y la situación de las víctimas. Desde agosto de 2024, han surgido pruebas de la estrategia militar para reprimir manifestantes y la resistencia a colaborar con las investigaciones, mientras ningún responsable ha sido llevado a juicio ni acusado ante el Poder Judicial. Ante ello, los denunciantes proponen crear una Comisión de la Verdad para esclarecer responsabilidades y garantizar justicia.
Ciudadanos peruanos han llevado a la CPI nuevas pruebas sobre abusos cometidos bajo el gobierno de Dina Boluarte. La denuncia amplía información sobre la responsabilidad de los altos mandos militares y policiales, mientras la impunidad persiste.
Aunque Boluarte negó conocer las acciones, informes como el de Amnistía Internacional indican que fue informada constantemente, reforzando su responsabilidad como jefa Suprema.
Mientras el discurso oficial exalta firmeza y progreso, las 49 muertes y más de 300 heridos en protestas siguen impunes.
Esta es la segunda denuncia contra Boluarte ante la Corte Penal Internacional. La primera fue presentada en 2024 por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
Aarón Rodríguez, Lima
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