El juez Richard Concepción Carhuancho encontró indicios de contabilidad paralela que ocultarían aportes que Odebrecht habría desembolsado para solventar la campaña de Fuerza Popular en el 2011. Por esta razón autorizó el allanamiento de dos locales del partido, ante lo cual el congresista Héctor Becerril tildó de mafia al Ministerio Público y la presidenta del Congreso, Luz Salgado, intentó amedrentar al fiscal.
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y la premier Mercedes Aráoz, cuestionaron la medida optada por la Fiscalía aunque en el caso de una investigación por lavado de activos como la que tiene Fujimori, la orden tiene sustento jurídico.
Una de las reacciones más criticadas fue la de la fujimorista Rosa Bartra, quien pese a presidir la comisión Lava Jato del Congreso asistió al allanamiento por lo que fue acusada de parcializarse.
El congresista Yonhy Lescano pidió a la Comisión de Ética se le investigue, pero la mayoría fujimorista negó el pedido y Lescano renunció a dicha delegación. La misma acción tomó la bancada del partido Peruanos Por el Kambio (PPK).
El 20 de diciembre Keiko Fujimori deberá aclarar ante la segunda fiscalía de lavado de activos, las siete inconsistencias detectadas en los informes contables de fuerza popular. Por su parte, el fiscal José Pérez ha oficializado un pedido al Ministerio Público para obtener desde Brasil la decisiva declaración del aspirante a colaborador eficaz Jorge Barata.
Rudy Jordán, Lima.
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