“La Policía seguirá bajo el control del orden interno pero las Fuerzas Armadas colaborarán con ellos, vigilarán el libre tránsito de ciudadanos, la integridad de las instalaciones estratégicas, los puertos, carreteras, puentes, túneles, en tanto la Policía se dedicará a las labores que viene desarrollando”.
“La Policía seguirá bajo el control del orden interno pero las Fuerzas Armadas colaborarán con ellos, vigilarán el libre tránsito de ciudadanos, la integridad de las instalaciones estratégicas, los puertos, carreteras, puentes, túneles, en tanto la Policía se dedicará a las labores que viene desarrollando”, ha anunciado este sábado el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén.
Esta medida se ha adoptado por una resolución suprema del Ministerio del Interior y estará vigente hasta el 7 de junio de 2015. La intervención de los militares se realizará sin decretar el estado de emergencia en la zona.
El titular peruano ha confirmado también la muerte de un suboficial de la Policía Nacional tras haber resultado gravemente herido en la jornada de protestas del pasado miércoles.
“El suboficial Alberto Vásquez Durand falleció este sábado luego de permanecer varios días hospitalizado tras recibir un golpe en la cabeza el pasado miércoles durante los disturbios”, confirma Adrianzén.
Desde el pasado 23 de marzo, los pobladores de la provincia de Islay, mayoritariamente agrícola, mantienen un paro indefinido y enfrentamientos con la policía en protesta por el proyecto cuprífero Tía María de la Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper, que planea producir 120 mil toneladas anuales de cátodos de cobre a partir de 2017.
A la muerte del suboficial de la policía se le suman dos más. El 22 de abril Victoriano Huayna, de 61 años, fue abatido a tiros por la policía. El otro incidente ocurrió el martes: Henry Checlla, de 35 años, perdió la vida en las confrontaciones entre la policía y los manifestantes.
Las autoridades también señalaron que alrededor de 100 policías habían resultado heridos en las jornadas de protestas. Hasta ahora los diálogos entre los campesinos y el Gobierno no han dado resultados.
Debido a las constantes protestas de los agricultores, a finales de marzo la compañía estuvo a punto de abandonar el proyecto, y el Gobierno debió intervenir para evitarlo.
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