Un informe publicado en las últimas semanas desde el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos (Lawyers Council for Civil and Economic Rights) vuelve a colocar a Panamá entre los países con menos avances en el combate a la corrupción; la percepción de la sociedad en este sentido ya ha sido plasmada por informes locales desde los primeros meses de 2021.
En una escala de 10 puntos Panamá obtuvo una calificación de 3.97 entre 8 países observados, siendo superado solo por Guatemala con 3.89 puntos.
El informe detalla insuficiencias en el marco jurídico del país, fallas en la independencia de las autoridades anticorrupción y una débil capacidad institucional en la prevención, investigación y persecución de actos de corrupción, sobre todo cuando se ven involucradas autoridades.
Si bien el combate a la corrupción fue uno de los estandartes en la campaña del actual presidente de Panamá, la laxitud frente a distintas denuncias que se han incrementado principalmente desde el inicio de la pandemia es cuestionada por la sociedad, que desconfía de la mayoría de las iniciativas propuestas por el Gobierno, como la intención de reactivar la economía a partir de la explotación minera a cielo abierto.
A pesar de estar concentrado en el sector público, el informe también revela la falta de un marco regulatorio anticorrupción para el sector privado.
John Alonso, Ciudad de Panamá.
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