Nuevos datos del ejército israelí revelan que al menos 645 personas con doble nacionalidad, neerlandesa e israelí, estaban en servicio activo en las fuerzas de guerra de Israel en marzo de 2025, en pleno conflicto en Gaza y otros territorios ocupados, lo que ha generado un debate internacional sobre la responsabilidad legal de estas personas.
Además de los militares con doble pasaporte, registros de organizaciones benéficas, con sede en Estados Unidos, muestran que al menos 21 neerlandeses viajaron desde los Países Bajos para servir como “lone soldiers”, es decir, voluntarios que se integran al ejército israelí sin lazos familiares en Israel. No está claro en qué frentes o batallas específicos fueron desplegados estos soldados.
La doble ciudadanía es relativamente habitual entre quienes sirven en las filas israelíes, debido a décadas de inmigración desde Europa y otras regiones. Las cifras oficiales también muestran que más de 50 000 soldados del ejército israelí poseían al menos una ciudadanía extranjera adicional en ese mismo periodo, destacando grandes grupos de Estados Unidos, Francia y Rusia, entre otros.
Aunque el servicio en las fuerzas israelíes no es ilegal bajo la legislación neerlandesa, existe una prohibición explícita de reclutamiento dentro del territorio de los Países Bajos, lo que complica la situación legal de quienes voluntariamente se presentan desde el extranjero para unirse a un ejército extranjero en conflicto.
Expertos en derecho internacional y penal neerlandeses advierten que estos ciudadanos podrían enfrentar investigaciones o enjuiciamientos bajo la Ley de Crímenes Internacionales de los Países Bajos si se determina su participación en actos que constituyan genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.
A este respecto, Marieke de Hoon, profesora asociada de Derecho Penal Internacional en la Universidad de Ámsterdam, explicó que esta legislación abarca ese tipo de delitos y puede aplicarse incluso si las acciones ocurrieron fuera del territorio neerlandés.
De Hoon, igualmente, citó una opinión consultiva de 2024 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que describió la política de ocupación de Israel como apartheid, y advirtió que servir como soldado en territorios ocupados podría considerarse participación en un crimen contra la humanidad. “Si después de ese fallo decides estar como soldado en un puesto de control en Cisjordania, se puede argumentar que estás participando en un crimen contra la humanidad —es decir, apartheid—”, señaló.
Históricamente, el número de voluntarios neerlandeses ha crecido con el tiempo; registros anteriores muestran que a principios de los años 2000 eran menos de diez, mientras que en 2013 ascendieron a 34 y en 2021 a 20, antes de llegar a las cifras actuales.
El debate sobre la participación de ciudadanos europeos en las fuerzas armadas extranjeras ha sido amplio, especialmente en el contexto de la prolongada guerra en Gaza y las múltiples acusaciones de violaciones al derecho internacional humanitario por parte del ejército israelí. Las autoridades neerlandesas, así como organizaciones de derechos humanos, siguen de cerca estos casos mientras aumenta la presión por posibles investigaciones judiciales en los países de origen de estos soldados.
Desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, más de 243 000 palestinos han muerto o resultado heridos, en medio de una devastación masiva y una crisis humanitaria que se agrava por el bloqueo y las restricciones a la entrada de ayuda en el enclave.
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