El proyecto, que ya obtuvo cierta aprobación en el Senado, busca convertirse en ley antes de marzo, generando un clima de alta tensión política y sindical.
La Confederación General del Trabajo (CGT), principal sindicato del país, anunció una huelga nacional de 24 horas. Aunque la convocatoria oficial no incluye movilizaciones masivas; sindicatos del transporte, la industria y el sector público han confirmado su adhesión. Esto anticipa interrupciones en vuelos nacionales e internacionales, trenes, colectivos, subterráneos y transporte de larga distancia, así como paralizaciones parciales en hospitales, escuelas y dependencias estatales.
La reforma ha despertado fuertes críticas por considerarse regresiva en términos de derechos laborales. Entre las medidas más controvertidas destacan la reducción de indemnizaciones por despido, cambios en los períodos de vacaciones, la implementación de un “banco de horas” que reemplaza el pago de horas extra y la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas dentro del límite semanal.
Otro punto polémico es la limitación del derecho a huelga, al ampliar los sectores considerados esenciales, incluyendo transporte, telecomunicaciones y servicios portuarios, que deberán mantener servicios mínimos. Además, se establecen sanciones más severas por bloqueos sindicales y se exige autorización patronal para realizar asambleas durante la jornada laboral. Un artículo que contemplaba reducir salarios durante licencias médicas generó rechazo público y fue finalmente retirado por el Gobierno, según informó el periódico argentino La Nación.
El oficialismo confía en asegurar los votos necesarios para aprobar la reforma, gracias al respaldo de bloques aliados. Sin embargo, sectores sindicales buscan introducir modificaciones que podrían retrasar su aprobación y devolver el proyecto al Senado, aumentando la incertidumbre política. Para Milei, el visto bueno del texto es una prioridad estratégica que pretende presentar como un logro central en su discurso de apertura del Congreso el 1 de marzo.
Pese a que la CGT optó por un paro sin movilización formal, organizaciones sindicales más combativas y movimientos sociales convocaron concentraciones frente al Congreso. La combinación de protestas callejeras, paralización del transporte y debate legislativo refleja un escenario de fuerte conflictividad social y tensiones crecientes en la mayor economía del Cono Sur.
Analistas señalan que el desenlace de la sesión podría marcar un punto de inflexión en la legislación laboral argentina, históricamente reconocida por altos niveles de protección al trabajador en comparación con otros países de la región. La forma en que se resuelva esta jornada definirá el tono de las relaciones entre el Gobierno, los sindicatos y los sectores productivos en los próximos meses.
El impacto económico de la huelga ya se deja sentir en distintos sectores, especialmente en puertos y centros logísticos, mientras la presión social aumenta y el país observa con atención cómo se desarrollará una de las jornadas más importantes en materia laboral de los últimos años. El resultado podría tener consecuencias políticas y económicas duraderas para la Administración de Milei.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, su gestión ha estado marcada por una serie de tensiones con los sindicatos y movimientos sociales. Las huelgas que se suceden reflejan el rechazo a un enfoque económico que busca flexibilizar el mercado laboral y reducir regulaciones históricas, generando preocupación entre los trabajadores por la pérdida de derechos y la precarización laboral, y consolidando un clima de polarización en el país.
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