De acuerdo con una declaración publicada este lunes en el sitio web de la Comisión Palestina de Colonización y Resistencia al Muro (CWRC), el área expropiada, que abarca 70 000 metros cuadrados, se encuentra en varias aldeas de la gobernación de Nablus.
“Las autoridades de ocupación israelíes se han apropiado de 17 acres y 147 metros cuadrados de terreno mediante una orden militar, afectando las aldeas de Qaryut, al-Lubban al-Sharqiya y al-Sawiya, en la Gobernación de Nablus”, señala el comunicado.
La CWRC explicó que el régimen de Tel Aviv adoptó esta medida para establecer una zona de amortiguación alrededor del asentamiento ilegal de Eli. Según el organismo, “las autoridades israelíes publicaron la orden militar después de que hubiera vencido el período de objeciones”.
El informe también detalla que, desde inicios de 2025, Israel ha emitido 53 órdenes de confiscación de tierras con diversos fines militares.
Durante los últimos dos años, y de forma paralela a las agresiones israelíes contra la población palestina en Gaza, las fuerzas de ocupación han apropiado miles de metros cuadrados de terreno, creando 25 zonas de amortiguación en torno a los asentamientos ilegales.
En septiembre pasado, el ministro israelí de finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, presentó un plan de anexión de gran parte de Cisjordania, basado en el principio de “máxima soberanía con mínima población”.
Dicho plan, ya aprobado, contempla la construcción de 3410 viviendas en el área conocida como E1, una extensión de 1200 hectáreas al este de Al-Quds (Jerusalén), donde habitan comunidades beduinas palestinas, como parte de la expansión del asentamiento de Maale Adumim, que alberga a 40 000 colonos israelíes y es considerado ilegal conforme al derecho internacional.
Ante esta coyuntura, 21 países occidentales exigieron la cancelación inmediata del nuevo proyecto de construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada.
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la política israelí de expandir y consolidar asentamientos en territorio ocupado constituye un crimen de guerra conforme al derecho internacional humanitario.
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