El portavoz de la Cancillería egipcia, Badr Abdelati, ha aseverado que esta decisión y la constante construcción de viviendas ilegales en Cisjordania y Al-Quds (Jerusalén) perjudican los intereses del proceso de paz entre palestinos e israelíes.

Al mismo tiempo, ha recalcado que medidas de este tipo del régimen de Tel Aviv obstaculizan los esfuerzos para reanudar las conversaciones entre las partes para “una solución de dos estados”.
Abdelati ha asegurado que estos asentamientos son una clara violación de las leyes internacionales y de las resoluciones del Cuarto Convenio de Ginebra de las Naciones Unidas, que prohíbe cualquier cambio geográfico o demográfico en los territorios ocupados palestinos.
Así, el titular egipcio se ha referido al anuncio del miércoles de la oficina del primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, que autorizó la construcción inmediata de 300 viviendas en Beit El, cerca de la ciudad palestina de Ramalá, en la ocupada Cisjordania.
El comunicado, además de dar a conocer la noticia, añadió que se había aprobado también la planificación para construir otras 504 viviendas ilegales en Al-Quds.
Por otra parte, el pasado 23 de julio, la organización Peace Now (Paz Ahora) informó que el régimen israelí, haciendo caso omiso a las críticas de la comunidad internacional, planifica edificar un total de 1065 viviendas ilegales en Al-Quds y Cisjordania.
La decisión, también, ha recibido las críticas del antiguo e inseparable aliado del régimen de Tel Aviv, Estados Unidos, cuyo portavoz del Departamento de Estado suyo, Mark Toner, ha mostrado en la jornada de hoy (este jueves) su “profunda preocupación” al respecto.

Al expresar el rechazo de Washington a esta aprobación, Toner ha dejado claro que la decisión israelí pone en duda su compromiso de alcanzar una solución al conflicto entre palestinos e israelíes.
Además de estos países, el acto del régimen de Israel ya ha recibido las enérgicas condenas de Alemania, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
Estas viviendas son consideradas "ilegales" por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y un gran número de países, por ser edificadas en territorios arrebatados por el régimen israelí en la llamada Guerra de los Seis Días de 1967.
Mientras más de medio millón de israelíes viven en más de 120 asentamientos ilegales en los territorios ocupados palestinos, más de 700.000 palestinos se vieron desposeídos de sus hogares y sus raíces con la ampliación de estos asentamientos ilegales, de acuerdo con la ONU.
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