“El 24 de mayo de 2024, México, invocando el artículo 63 del Estatuto de la Corte [Internacional de Justicia], presentó en la secretaría de la corte una declaración de intervención en el caso relativo a la ‘Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza’”, reza un comunicado emitido el martes por el máximo tribunal de las Naciones Unidas.
En el documento enviado a la CIJ, con sede en La Haya (Países Bajos), México advirtió que la decisión de Israel de impedir la entrada de ayuda humanitaria al asediado enclave costero constituye una acción genocida, debido a que esto causa hambruna y muertes por hambre como arma de guerra.
El país azteca además denunció, en el documento, la destrucción deliberada del patrimonio cultural palestino en Gaza en los bombardeos sistemáticos de Israel contra la Franja desde octubre pasado e indicó que ello puede ser un intento de despojar a la población palestina de su “identidad cultural” y lanzar una “limpieza cultural”.
“La destrucción de bienes culturales que están entrelazados con el tejido central del grupo poblacional puede entenderse como similar a la limpieza cultural y la guerra cultural, y una conducta clara destinada a dañar gravemente al grupo objetivo como parte de una política dirigida a la erradicación de dicha cultura, resultando en un claro daño psíquico a las personas que están siendo desvinculadas de su identidad cultural”, reza el texto presentado por México.
Conforme a la nación norteamericana, “el genocidio puede ser perpetrado en el marco de los conflictos armados” y la sangrienta guerra israelí contra Gaza —que ha matado a casi 36 100 civiles palestinos— no es excepcional. En este sentido, alertó que Israel, como potencia agresora, puede utilizar el uso de la fuerza para “justificar atrocidades y facilitar la ejecución de acciones genocidas”.
Como resultado de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel en diciembre pasado, la CIJ ordenó el pasado viernes al régimen de Israel que detenga “inmediatamente” su ofensiva sobre la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, donde se refugian cientos de miles de desplazados palestinos en carpas improvisadas.
El tribunal también exigió a Israel que “mantenga abierto el paso de Rafah” cuyo control por el lado palestino tomó por la fuerza a principios de mes “para un suministro a gran escala y sin restricciones de asistencia humanitaria”.
Israel, sin embargo, no solo no acató las órdenes de la corte, sino que lanzó dos ataques horripilantes —el domingo y el martes— contra los campamentos de desplazados que causaron en total más de 70 muertos, muchos calcinados vivos.
Hasta ahora, Nicaragua, Colombia y Libia también han solicitado intervenir en el caso abierto contra Israel en la CIJ, mientras que Egipto, Maldivas, Turquía, Irlanda y Bélgica se han mostrado interesados en la causa, aunque todavía no han formalizado sus peticiones.
Las Naciones Unidas, la Unión Europea (UE), y los Estados árabes, entre otros, han llamado a Israel a cumplir los fallos vinculantes de la CIJ y detener la locura y la masacre en Rafah.
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