En su toma de protesta López Obrador prometió que se cancelarían las acusaciones penales fabricadas a activistas y luchadores sociales, no obstante, en el sexto mes de mandato, organizaciones populares y de defensa de derechos humanos, exigen un alto a la criminalización y represión.
Múltiples violaciones del debido proceso, tortura, y circunstancias arbitrarias e ilegales de arrestos, son para el activismo mexicano, parte de las pruebas de que hay intereses políticos y económicos en contra de las comunidades que se oponen a proyectos públicos, privados y de trasnacionales.
El derecho a la manifestación y la protesta social parece tener un enfoque selectivo en México, tal como advierten movimientos indígenas, campesinos, y comunidades rurales desde diversas plataformas populares.
El hostigamiento y las detenciones arbitrarias siguen siendo prácticas comunes, según denuncian activistas. Una realidad que no concuerda con el discurso de nunca más represión ni persecución a luchadores sociales.
Sara Morales Gallego, Ciudad de México.
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