La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sancionó y ordenó la publicación en el diario oficial La Gaceta a la medianoche del viernes 9 de enero de 2026, del decreto legislativo que establece el recuento “voto por voto” de las 19 167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) del proceso electoral general.
Con esta decisión, se desconoce formalmente la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que había proclamado a Nasry Asfura, del Partido Nacional, como ganador.
La oficialización del decreto se produce menos de 24 horas después de que un grupo reducido de diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) lo aprobara en una sesión celebrada sin quórum, un hecho denunciado por la oposición y cuestionado por organismos internacionales por vulnerar las reglas del derecho parlamentario.
Con su publicación en La Gaceta, el decreto adquiere fuerza legal obligatoria, a pesar de que dos misiones internacionales de observación electoral —la de la OEA y la de la Unión Europea— certificaron que los resultados proclamados por el CNE reflejan fielmente la voluntad popular expresada en las urnas.
El documento instruye al CNE a llevar a cabo un reconteo de votos, argumentando que, en el conteo anterior, se excluyeron 306 actas en la elección presidencial, lo que representa el 1,6 %, y 2620 actas en la de diputados, equivalentes al 13,21 %. Además, señala que existen 1848 actas pendientes correspondientes a las corporaciones municipales, que representan el 9,65 %.
En el mismo contexto, el decreto instruye a la Comisión Especial de Investigación a comparecer ante el Ministerio Público, con el fin de que se determine la posible responsabilidad penal del CNE por no haber realizado el escrutinio general en los tres niveles electivos. Al mismo tiempo, el Congreso Nacional ordena que se procesen y resuelvan las impugnaciones presentadas por los diferentes candidatos.
El 24 de diciembre, cuando el CNE declaró ganador a Asfura, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, calificó de “traición a la patria” la decisión del consejero suplente del órgano electoral, Carlos Cardona, al firmar la declaratoria, respaldando a las consejeras principales, Ana Paola Hall y Cossette López.
Por su parte, el otro consejero, Marlon Ochoa, se negó a rubricar el documento y posteriormente acusó a sus colegas de cometer “usurpación de la voluntad popular”.
“Cardona, usted juró defender la Constitución y las leyes y me confirmó no avalar el fraude”, expresó Redondo en redes sociales. “Esto es totalmente fuera de ley. Esta declaratoria [no] tiene ningún valor legal”, agregó, en rechazo a la proclamación de Asfura, del Partido Nacional.
Finalmente, el Consejo Nacional Electoral emitió la declaratoria oficial el 30 de diciembre, un mes después de los comicios, sin contabilizar la totalidad de las actas con inconsistencias ni considerar las impugnaciones presentadas por varios de los contendientes.
Las elecciones presidenciales en Honduras se desarrollaron en un contexto de presión externa, especialmente desde Estados Unidos. El respaldo de figuras políticas estadounidenses al candidato conservador, así como la polarización entre los candidatos y la incertidumbre sobre la transparencia del proceso, generó tensión y abrió debates sobre la soberanía y autonomía del sistema electoral del país centroamericano.
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