En Honduras arrecian contra las protestas de diferentes organizaciones sociales y sus representantes, no solo utilizan las fuerzas de seguridad, sino también se escudan bajo la aplicación de la ley para perseguir a los opositores del gobierno.
Una prueba más de la criminalización que son objeto los líderes sociales en este país, es la resolución condenatoria contra 3 estudiantes universitarios; quienes participaron en protestas en el año 2105 contra las autoridades de la universidad estatal.
Los jóvenes ahora profesionales llevan meses sujetos a visitas a los juzgados de la capital, Tegucigalpa, como si fuesen delincuentes comunes.
A pesar de su futuro incierto y la posibilidad de ser encarcelados mantienen sus posturas e incluso continúan sus señalamientos.
No solo los movimientos sociales son víctimas de la intimidación y persecución, también se unen a esta lista los periodistas que cuestionen al gobierno.
Dassaev Aguilar, Tegucigalpa
akm/msf