Mediante un comunicado publicado este martes, el Ministerio de Consumo de España ha confirmado la investigación contra empresas que promocionen productos o servicios procedentes de los territorios palestinos ocupados por Israel.
La medida ejecuta el decreto aprobado el martes pasado que busca evitar que compañías se beneficien de la ocupación, según explica la nota sobre el decreto, que forma parte de un paquete de medidas que incluye el embargo de armas a Israel, destinado a detener el genocidio en Gaza.
El Real Decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado, califica esta práctica como publicidad ilícita y prohíbe la importación de productos originarios de dichos asentamientos. La normativa también establece la prohibición de transferencias de material de defensa o de doble uso a Israel, además de exigir la especificación del código postal de origen en las mercancías israelíes para garantizar la trazabilidad de su procedencia.
Previamente, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, había avanzado que su departamento emplearía “todos los recursos necesarios” para evitar que empresas en España tengan “cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino”.
La investigación se produce después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) actualizara el viernes su lista de empresas vinculadas a asentamientos israelíes, considerados ilegales, según el derecho internacional. La lista incluye 158 compañías de 11 países, aunque la constructora española ACS solicitó ser eliminada al haber vendido en 2021 su subsidiaria que operaba en la Palestina ocupada.
España, que ha sido una constante crítica de las políticas israelíes en los territorios palestinos ocupados, se comprometió en octubre de 2023 a cesar la venta de armas a Israel. Además, en el año anterior, extendió este compromiso a la prohibición de la compra de armamento israelí.
Asimismo, a finales de mayo de 2024, Madrid anunció el reconocimiento formal del Estado de Palestina. En junio del mismo año, presentó oficialmente una declaración de intervención en el caso que Sudáfrica había iniciado ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por el genocidio en el sitiado enclave costero de Gaza.
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