La decisión del Gobierno español ha sido anunciada este domingo al margen de las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en su sede en Nueva York, EE.UU.
Madrid también ha confirmado su participación en el grupo de donantes, encargado de financiar a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), junto a países como Francia, el Reino Unido y Arabia Saudí.
El programa del Grupo de La Haya incluye una amplia gama de medidas, como la prohibición de la exportación de equipos de doble uso al régimen israelí, la prohibición del tránsito de carga militar a través de los puertos de los países miembros y la terminación de contratos públicos con instituciones que apoyan la ocupación.
Además, la coalición asegura el despliegue de esfuerzos para exigir cuentas a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la aplicación de un embargo de petróleo y otras medidas punitivas si Israel continuase desafiando a la comunidad internacional.
“La elección que cada Gobierno tiene ante sí es clara: complicidad o cumplimiento con el derecho internacional. La historia nos juzgará no por los discursos que pronunciamos, sino por las acciones que tomamos”, se lee en el comunicado del Grupo de La Haya.
La coalición, que lidera Sudáfrica y Colombia y reúne a 34 países, ha resaltado la necesidad de “establecer un modelo para que todos los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales”.
España, que ha sido una constante crítica de las políticas israelíes en los territorios palestinos ocupados, se comprometió en octubre de 2023 a cesar la venta de armas a Israel. Además, en el año anterior, extendió este compromiso a la prohibición de la compra de armamento israelí.
Asimismo, a finales de mayo de 2024, Madrid anunció el reconocimiento formal del Estado de Palestina. En junio del mismo año, presentó oficialmente una declaración de intervención en el caso que Sudáfrica había iniciado ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por el genocidio en el sitiado enclave costero de Gaza.
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