El Consejo de Ministros del Gobierno de coalición español ha acordado una contribución voluntaria de 500 000 euros al Fondo Fiduciario de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), para el año 2024, para apoyar, entre otras, las investigaciones de ese tribunal sobre crímenes cometidos por Israel en Gaza y Cisjordania, incluida Al-Quds (Jerusalén) oriental —abierta en 2021—. La decisión recibió una fuerte reacción desde Tel Aviv.
Mediante un comunicado, el Consejo de Ministros dio a conocer el martes que la medida muestra el compromiso de Madrid “con la lucha contra la impunidad y la justicia penal internacional”. Al aplaudir la acción del Gobierno, el ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, destacó que el fondo contribuirá a “investigar violaciones masivas de derechos humanos en Gaza y que sus responsables rindan cuentas ante un tribunal”.
España quiere que “la barbarie contra el pueblo palestino” no quede impune
La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, celebró, a su vez, la decisión del Consejo de Ministros, asegurando que esa iniciativa busca facilitar la investigación de la CPI “de la barbarie contra el pueblo palestino”.
Esta medida voluntaria se suma a la decisión de Madrid para mantener la financiación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), a pesar de que una decena de países, encabezados por Estados Unidos, le recortaron sus cuotas a la agencia, debido a las recientes acusaciones de Israel basadas en que parte del personal de la UNRWA estuvo involucrado en la operación relámpago palestina Tormenta de Al-Aqsa del pasado 7 de octubre.
El Gobierno español realizó contribuciones voluntarias a la UNRWA por valor de 18,5 millones de euros en 2023, incluidos 10 millones aprobados el pasado mes de diciembre, tras la decisión de triplicar la ayuda de cooperación y humanitaria a Palestina, tras el inicio de la guerra genocida israelí contra Gaza.
En esta línea, el ministro de Derechos Sociales reiteró la exigencia del Gobierno español de un alto el fuego inmediato en Gaza, el anuncio de un pronto reconocimiento del Estado palestino, la investigación de las violaciones de los derechos humanos por Israel y enjuiciar a los responsables.
El compromiso del Gobierno español con apoyar la UNRWA y ayudar las pesquisas de la CPI impacientó al régimen de Tel Aviv. En efecto, el ministro israelí de la diáspora, Amichai Chikli, dijo que Israel está “extremadamente decepcionado” de que España no haya retirado su contribución a la UNRWA.
El país ibérico también ha respaldado la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza, donde el ejército israelí ha matado a 27 000 personas en cuatro meses.
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