El órgano judicial ha asumido este lunes la investigación sobre el destino de 80 millones de euros, que se habrían repartido como comisiones ilegales en el proyecto de la construcción del tren de alta velocidad que une las ciudades saudíes de Medina y La Meca.
Según los testimonios ofrecidos el pasado septiembre por la empresaria alemana Corinna Larsen, la examiga de Juan Carlos con quien el rey tenía una relación extramatrimonial, el rey emérito de España figuraría entre las personas que recibieron comisiones por la licitación de dicha línea ferroviaria a la marca Alta Velocidad Española (AVE) en 2011.
La investigación, abierta en diciembre de 2018, se centra en “delimitar o descartar” la relevancia penal de los hechos sucedidos desde junio de 2014, es decir, momento en que Juan Carlos abdicó a favor de su hijo, Felipe de Borbón, y perdió la inviolabilidad que la Constitución española le otorgaba.
“Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, se lee en la nota de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
La Fiscalía General del Estado emitió el pasado día 5 de junio un decreto para esta investigación que está vinculada a otra de la Fiscalía suiza sobre una supuesta cuenta millonaria del rey emérito en un paraíso fiscal.
Las finanzas de Juan Carlos llevan años bajo sospechas. Este asunto volvió a primera línea informativa tras diversos datos publicados por las prensas suiza y británica, provocando que la Casa Real anunciara que Felipe VI renunciaba a la herencia que podría percibir de su padre suspendiendo también su asignación anual, según recoge la agencia de noticias española Europa Press.
La lista de escándalos que han opacado en los últimos tiempos a la monarquía española es larga, como el caso Nóos y la condena al marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, además del caso de la actriz Bárbara Rey.
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