El rey Felipe VI renunció a cualquier herencia personal futura que pudiera recibir de su padre, el rey emérito Juan Carlos I, así como “a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona”, según anunció el domingo la Casa Real de España en un comunicado.
Asimismo, informa que el antiguo rey español deja de percibir la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la Casa de Su Majestad el Rey, por las presuntas irregularidades financieras que involucran al exmonarca.
Este comunicado se ha emitido a raíz de las informaciones publicadas por varios medios respecto a que el rey Felipe VI aparece como beneficiario de dos fundaciones en el extranjero llamadas “Zagatka” y “Lucum”.
En el caso de Lucum, el texto, indica que Felipe VI tuvo conocimiento en marzo de 2019 por un despacho de abogados, añadiendo que en abril compareció ante notario para manifestar que había dirigido una carta a su padre para que “si fuera cierta su designación o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum, dejara sin efecto tal designación, manifestando igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad”. Además, en el caso de Zagatka afirma que el Rey lo desconocía, pero que en tal caso renuncia a ella.
Lucum está investigada por recibir un supuesto regalo de 65 millones de euros (72 millones de dólares) de Arabia Saudí que le habrían sido entregados a Juan Carlos cuando era rey de España, lo que los fiscales creen podrían haber sido pagos de sobornos.
La lista de escándalos que han opacado en los últimos tiempos a la monarquía española es larga, como el caso Nóos y la condena al marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin; el caso de la actriz Bárbara Rey; y más recientemente una serie de grabaciones filtradas en julio de 2018, en las que la supuesta amante del rey emérito, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, acusa a Juan Carlos I de cobrar parte de una comisión de 100 millones de euros por la licitación de la línea ferroviaria a La Meca (Arabia Saudí) a la compañía Alta Velocidad Española (AVE).
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