• Los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofía, en la ciudad francesa de Estrasburgo, 1 de julio de 2017.
Publicada: martes, 13 de marzo de 2018 14:21
Actualizada: martes, 13 de marzo de 2018 18:32

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha sentenciado este martes que la quema de fotos de los reyes de España por dos jóvenes en Girona (noroeste) en 2007 no constituyó una incitación al odio, sino que entra dentro de la libertad de expresión y de la crítica legítima.

El caso se remonta a septiembre de 2007, cuando durante una visita oficial de los ahora reyes eméritos de España, Juan Carlos I y doña Sofía, a Girona, dos independentistas catalanes, a saber, Enric Stern y Jaume Roura, quemaron una fotografía de sus majestades en una plaza pública durante una manifestación antimonárquica autorizada.

Ambos fueron condenados a 15 meses de cárcel por injurias a la Corona. Posteriormente, un juez sustituyó la pena por una multa de 2700 euros a cada uno. Los demandantes pagaron la multa, no obstante, presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fue rechazado.

Los independentistas alegaron entonces ante el Tribunal de Estrasburgo que el fallo que les declaró culpables suponía una interferencia justificada en su derecho a la libertad de expresión.

Según los jueces, hay que tener en cuenta el contexto en el que se produjeron los hechos. Consideran que los condenados “no querían realizar un ataque personal dirigido contra el rey, sino una crítica”. Su comportamiento, añaden, fue “provocativo y tenía como objetivo atraer la atención de los medios de comunicación”, pero siempre dentro del marco de la libertad de expresión.

(Los condenados) no querían realizar un ataque personal dirigido contra el rey, sino una crítica. Su comportamiento fue provocativo y tenía como objetivo atraer la atención de los medios de comunicación”, señala la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

 

En su sentencia, la alta instancia europea les da la razón a los independentistas, y considera que la pena de prisión de 15 meses –a sustituir por 2700 euros de multa- impuesta por la Justicia española a los dos jóvenes fue desproporcionada y que constituye, de forma clara, “una interferencia con la libertad de expresión”. Por tanto, se ha producido una violación del artículo 10 de la Convención de Derechos Humanos.

Ahora España tendrá que devolverles a ambos condenados los 2700 euros que pagaron como multa “por daños materiales” y abonarles un total de 9000 euros por los gastos y costas del proceso. Sin embargo, la Corte considera que el daño moral causado por su condena se compensa ya con la sentencia dictada la jornada de hoy, en la que se reconoce la violación de sus derechos de expresión.

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