“Reclamamos a las fuerzas políticas catalanas que sea investido de nuevo el presidente legítimo de Cataluña, Carles Puigdemont, en el Parlamento de Cataluña”, dice la organización en un comunicado emitido tras reunir a su Secretariado Nacional.
La ANC argumenta que la investidura de Puigdemont, quien se encuentra en Bélgica (capital belga) para evitar ser arrestado en España por haber impulsado el independentismo en Cataluña, tiene que ser “de forma efectiva” sin estar “condicionada por los desacreditados tribunales españoles”, cuyas leyes, alega, “no han de tener efecto sobre el territorio de Cataluña” desde la declaración de independencia de octubre de 2017, considerada ilegal por el Tribunal Constitucional (TC) de España.
Considera, no obstante, que la política catalana está en “una fase decisiva del camino que debe llevar a la independencia efectiva de Cataluña” y pide a los partidos estar dispuestos a asumir las responsabilidades y consecuencias penales que pueda imponer la Justicia española.
Reclamamos a las fuerzas políticas catalanas que sea investido de nuevo el presidente legítimo de Cataluña, Carles Puigdemont, en el Parlamento de Cataluña”, dice la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las principales organizaciones independentistas de la sociedad civil.
En esta línea, la ANC ha anunciado la preparación de movilizaciones para “apoyar acciones valientes” o incluso exigirlas. “Por eso, en caso de que no haya acuerdo para la investidura, llamaremos a la movilización inmediatamente para exigir la investidura del presidente que hemos votado y a favor de la República”, indica.
El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, aplazó el 30 de enero la sesión de investidura de Puigdemont de manera indefinida hasta aclarar las fórmulas que podrían permitir su nombramiento como presidente del Ejecutivo catalán de forma efectiva.
Puigdemont, de entrar en territorio español, podría afrontar una acusación por delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia, lo que significaría posibles penas de prisión de más de 30 años.
Ante estos problemas, los partidos independentistas en las últimas semanas han debatido sobre la posibilidad de crear un Ejecutivo que trabaje desde Bruselas mientras el Gobierno en Cataluña asume funciones de gestión. Sin embargo, no han llegado a un acuerdo aun.
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