Un Gobierno Ejecutivo en Cataluña y otro, considerado legítimo, en Bruselas. Las formaciones independentistas trabajan con esta receta para lograr restituir al expresidente catalán, Carles Puigdemont, en el cargo y sortear los obstáculos del Estado.
Las negociaciones soberanistas continúan con discreción y sólo la Candidatura de Unidad Popular (CUP) ha salido ante la prensa para pedir claridad a sus socios, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, por sus siglas en catalán) y JuntsxCat (siglas en catalán del partido independentista Junts per Catalunya) en sus medidas.
Los partidos españolistas, en cambio, han criticado la posible investidura simbólica de Puigdemont a través de una asamblea de cargos electos y la han considerado surrealista y ridícula.
Los independentistas barajan reformar la ley de Presidencia y la creación de un Consejo de la República afincado en Bélgica, paralelo al Ejecutivo en Barcelona y, aunque nada está cerrado, Catalunya en Comú (Cataluña en Común) ha abogado por levantar cuanto antes el artículo 155 y el Partido popular (PP) ha avisado de la inviabilidad de las iniciativas.
Por su parte, la Mesa del Parlamento se ha vuelto a reunir para decidir el nuevo calendario tras la investidura fallida de la semana pasada, pero finalmente no ha hecho público el informe jurídico sobre cómo queda a día de hoy la legislatura catalana.
De esta manera, Cataluña continúa en un limbo legal sin saber si ya han empezado a contar los dos meses para ir a elecciones o, por el contrario, el reloj parlamentario se ha parado hasta la materialización de una sesión de investidura.
En este lapso, los partidos independentistas procuran limar asperezas tras la desconfianza evidenciada por la proclamación aplazada y esperan anunciar en breve un acuerdo que mantenga su pulso al Estado.
Oriol Puig, Barcelona.
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