El juez instructor de este caso, José Castro, ha embargado 2,1 millones de euros de los fondos Aizoon (la empresa que es propiedad de los duques de Palma al 50 %), retenidos en un juzgado de Palma.
De igual manera, la Justicia española recuperará 13,6 millones de euros de Urdangarin de la misma empresa.
Además, embarga un 50 % de Aizoon para cubrir la fianza de doña Cristina y otro 50 % para la de Urdangarin.
Tras emitir los fallos judiciales, Cristina de Borbón ha pedido a Castro que no le embargue, para garantizar el pago de la fianza de responsabilidad civil del caso Nóos; además, ha solicitado una rebaja en el monto de la fianza de responsabilidad civil de 2.697.150 euros.
Los abogados de la hermana del rey Felipe VI aportaron esa relación de bienes, entre los que se hallan la mitad de la casa familiar de los Urdangarin-Borbón en Pedralbes (Barcelona), y la mitad de las acciones de Aizoon S.L., que a su vez es propietaria de varios pisos, aparcamientos y trasteros en Palma (Islas Baleares) y Terrasa (Barcelona).
El caso Nóos, también conocido como caso Urdangarin, se refiere a una presunta corrupción política que comenzó en 2010. Contra los acusados pesan cargos de malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales.
El pasado 7 de noviembre de 2014, la Audiencia de la región de Palma decidió, de forma unánime, mantener la imputación contra la infanta Cristina por cooperación en dos delitos fiscales en los ejercicios de 2007 y 2008 en el caso Nóos.
Cabe recodar que el 9 de diciembre de 2014, el fiscal anticorrupción español Pedro Horrach entregó al juez instructor del caso Nóos su escrito de acusación. En él, se piden 19 años de cárcel para Urdangarin, por un total de ocho delitos, y se pide también que la infanta Cristina de Borbón no sea imputada.
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