• Sede del Partido Popular (PP) en la calle Génova, 13 de Madrid, capital española, 11 de febrero de 2016.
  • José Manuel López, el portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, capital española.
Publicada: viernes, 12 de febrero de 2016 0:27

Los principales partidos españoles acusan al PP de Madrid de haber hecho “degenerar” la política en la región capitalina y piden explicaciones por el registro efectuado el jueves en su sede.

Por orden de un juez de la Audiencia Nacional, el jueves fueron realizados cinco registros en la sede del Partido Popular (PP) de Madrid (capital española), entre ellos el del despacho de su exgerente Beltrán Gutiérrez Moliner, para investigar posibles pagos del empresario Javier López, consejero delegado de la empresa constructora OHL, por posibles pagos al PP.

Todo ello ha sido en el marco de las investigaciones que realiza el juez por posibles delitos de blanqueo de capitales y de cohecho dentro de la trama de corrupción Púnica que afecta al PP de Madrid. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron los domicilios de López, además yerno del empresario y exgerente del PP Juan Miguel Villar Mir, y también dos despachos del primero y el que el segundo tiene en la sede del PP de Madrid, donde han inspeccionado su ordenador.

Según indicó la emisora de radio SER, los registros se han desencadenado tras la incautación de un manuscrito al exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, a quien se supone líder de la trama corrupta.

Después de darse a conocer los registros, el portavoz de Podemos en el Parlamento autonómico, José Manuel López, acusó al PP de haber "degenerado la vida política" en la Comunidad de Madrid, y declaró que "estamos ante un caso más de lo que hace el PP", antes de enfatizar que es "imposible" que quien hizo degenerar la vida política quiera "regenerarla". También urgió a la presidenta del Partido Popular, Esperanza Aguirre, a dar explicaciones este viernes en la comisión de investigación de la corrupción política programada en la Asamblea de Madrid.

José Manuel López, el portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, capital española.

 

Por parte de Ciudadanos (C’s), su portavoz, Ignacio Aguado, consideró que el PP "sigue supurando corrupción por los cuatro costados" y que este último registro es "un ejemplo más de cómo ha funcionado la Comunidad de Madrid en los últimos años".

El secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Madrid, Enrique Rico, aseguró que los ciudadanos requieren y solicitan que se den las pertinentes explicaciones sobre los posible pagos del empresario al PP de Madrid. Al aseverar que los ciudadanos "ahora más que nunca" reclaman "regeneración y transparencia" tanto en la Comunidad de Madrid como en el conjunto del país, también lamentó que "por desgracia, esto se está convirtiendo en una tónica". 

También el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, aseguró que ya "no queda ni una planta de 'Génova' que no esté afectada por la corrupción", en referencia al edificio sito en el número 13 en esa calle madrileña donde tienen su sede tanto el PP nacional como el de la Comunidad de Madrid. En esta línea y por ese motivo, exigió al líder del PP y presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que asuma sus "responsabilidades políticas" y se vaya "a su casa definitivamente".

A modo de respuesta, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia y Justicia, el ‘popular’ Ángel Garrido, dijo que es "fundamental que se esclarezca todo" lo relacionado con los posibles pagos al PP madrileño y ensalzó lo que llamó la "lucha infatigable contra la corrupción" de su formación.

A finales del pasado mes de enero, Rajoy reconoció su falta de diligencia para combatir la corrupción y prometió actuar con firmeza ante ésta, advirtiendo que despediría a cualquier persona en su partido que esté involucrada en casos de corrupción.

Miles de personas se manifestaron el pasado domingo en Valencia (este) para protestar contra la corrupción del Gobierno de Rajoy y para pedir justicia, después de que el 26 de enero la Policía detuviera a Alfonso Rus, expresidente de esa comunidad, por presunta corrupción en la empresa pública Imelsa y pusiera a todo el PP valenciano bajo investigación por financiación ilegal.

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