Quienes presionan por el cierre del centro de detención en la base naval estadounidense de Guantánamo, ubicada en Cuba, ven “una ventana de oportunidad” en la elección del demócrata Biden para que su administración encuentre una forma para enjuiciar a algunos presos y liberar al resto de la prisión, que cuesta más de 445 millones de dólares al año, según recogió el sábado The Associated Press (AP).
El portavoz de la transición, Ned Price, afirmó que el presidente electo está de acuerdo con su clausura, pero señaló que sería incorrecto discutir sus planes en detalle antes de que Biden asuma la Presidencia de EE.UU.
A su vez, Andrea J. Prasow, subdirectora en Washington de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), indicó que, con Biden en la Casa Blanca, Guantánamo tiene “más posibilidades” de cerrarse, siempre y cuando “no se vuelva un gran tema en los medios de comunicación”.
Saifulá Paracha, un paquistaní de 73 años que padece diabetes y problemas cardíacos, tiene dos cosas a su favor que no tenía en audiencias anteriores: un evento favorable para su defensa legal y la elección de Biden frente a su rival republicano, Donald Trump.
“Tengo más esperanzas ahora simplemente porque tenemos una nueva administración que no está completamente fija en ignorar los existentes procesos de revisión […] La simple existencia de eso en el horizonte creo que constituye una esperanza para todos nosotros”, dijo Shelby Sullivan-Bennis, abogada de Paracha, después de una audiencia celebrada el 19 de noviembre en la base.
Guantánamo fue una vez fuente de indignación mundial y un símbolo del exceso estadounidense en respuesta al terrorismo. No obstante, acabó desvaneciéndose en los titulares después de que el expresidente Barack Obama (2009-2017) no lo cerrara pese a que 40 hombres siguen detenidos ahí.
Desde 2002, las autoridades militares de EE.UU. han enviado a unas 780 personas, acusadas en su mayoría de mantener vínculos con Al-Qaeda o el grupo armado Talibán, al centro penitenciario. Muchas de ellas fueron luego transferidas a sus países de origen o a terceras naciones sin llegar a ser enjuiciadas.
Años después, Obama anunció en 2009 el cierre de la cárcel en un plazo de un año, una promesa que jamás se ha cumplido debido, en gran parte, a la disputa política existente entre los republicanos y los demócratas al respecto en el Congreso.
Otro de los motivos por los que este centro permanece abierto es la renuencia de los gobiernos aliados de Washington a recibir detenidos provenientes de esa prisión, impidiendo así supuestamente que Obama cumpliera con lo prometido, aunque la población de la cárcel se fue reduciendo paulatinamente.
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