“Rechazo enérgicamente medidas tan inaceptables y sin precedentes contra una organización basada en un tratado internacional. Tales medidas, solo sirven para debilitar nuestro esfuerzo común en la lucha contra la impunidad por atrocidades masivas”, declaró el presidente de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, O-Gon Kwon, en un comunicado publicado el miércoles.
Asimismo, reafirmó el respaldo de la CPI, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, “a su personal, así como a quienes cooperan con esta organización en la implementación de su mandato judicial”.
En este sentido, O-Gon hizo un llamamiento para que los 123 países que forman parte de la CPI reiteren su compromiso con la institución judicial para que esta preserve su integridad y no se vea intimidada por cualquier medida o amenaza tanto a la entidad como a sus funcionarios, su personal y sus familias.
Asimismo, informó que la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, el órgano legislativo de la CPI, se reunirá próximamente para analizar las sanciones anunciadas por Washington.
Previamente, en la misma jornada del miércoles, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, acusó a la CPI de mostrar “ilegítimos intentos” de someter a estadounidenses a su jurisdicción y puso en la lista negra estadounidense a Bensouda, y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementación y Cooperación de la Oficina del Fiscal de la CPI, Phakiso Mochochoko, quien ha ayudado en las pesquisas sobre los crímenes de las fuerzas estadounidenses en el conflicto de Afganistán.
Pompeo aseguró también que EE.UU. sancionaría a cualquier otro individuo o entidad que siguiera dando “apoyo material” a los funcionarios sancionados de la CPI, una institución que, de acuerdo con el diplomático estadounidense, está “rota” y es “corrupta”.
En abril de 2019, el Departamento de Estado anunció que había revocado el visado a Bensouda para que no pudiera entrar en territorio estadounidense y, en junio, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autorizaba sanciones contra los funcionarios de la CPI que investigasen a las tropas de Estados Unidos o de sus aliados.
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