“Hemos tomado nota con preocupación de las informaciones sobre la orden ejecutiva que autoriza sanciones contra ciertas personas de la Corte Penal Internacional [de La Haya, en los Países Bajos]”, indicó el jueves Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en una rueda de prensa.
Más temprano, el presidente de EE.UU., Donald Trump, autorizó la imposición de sanciones económicas y la ampliación de las restricciones de viajes contra funcionarios de la CPI que están implicados en investigaciones contra Estados Unidos, al reclamar que las acciones de la Corte son “un ataque a los derechos de los estadounidenses y amenazan con socavar nuestra soberanía nacional”.
El delegado de Guterres aseguró que la organización va a seguir “muy de cerca” los acontecimientos, explicando que cuentan con que cualquier restricción en relación a personas concretas no vaya en contra de las obligaciones que tiene EE.UU. como país anfitrión de la ONU.
Según el Acuerdo de la Sede de la ONU y EE.UU., el país norteamericano no debe imponer ningún obstáculo en el movimiento hacia o desde la sede de las Naciones Unidas de los funcionarios de los Estados miembros de la ONU que buscan asistir a eventos en la organización y deben expedirles las visas de inmediato.
Estados Unidos, que no es parte de la CPI, fundada en 1998, ha endurecido en los últimos años sus críticas contra la Corte.
Estas amenazas de imponer sanciones por parte de EE.UU. se realizan en virtud de una investigación que autorizó la CPI en marzo, para examinar supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán por las fuerzas estadounidenses.
El objeto de las pesquisas son los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en Afganistán desde el 1 de mayo de 2003, cuando este país asiático se convirtió en Estado miembro del Estatuto de Roma.
La intervención militar en Afganistán, en 2001, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), encabezada por EE.UU., tenía supuestamente como objetivo derrocar al grupo armado Talibán, “luchar” contra los extremistas e intensificar la lucha antidrogas, pero no ha hecho sino agravar la situación en el país asiático, que, transcurridas unas dos décadas de esta injerencia, es más inseguro que nunca.
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