Lasso decretó el miércoles la disolución de la Asamblea Nacional, su única alternativa para detener el juicio político por presunta malversación de fondos públicos.
Según el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, una vez decretada la disolución de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) tiene un plazo máximo de siete días para convocar, en una misma fecha, a elecciones legislativas y presidenciales —por eso se denomina “muerte cruzada”— para el resto de los respectivos períodos, en este caso para el ejercicio de funciones hasta 2025.
Al respecto, en una encuesta realizada esta semana en la página web de HispanTV, se preguntó a los usuarios si la “muerte cruzada” le dará a Lasso facultad para modificar leyes y evadir un posible juicio en el futuro por corrupción.
La mayoría de los participantes (44.4 %) ha opinado que el mecanismo posibilitará a Lasso gobernar hasta las nuevas elecciones, no obstante, el 29.6 % de los encuestados cree que el clima social no permitirá que Lasso quede impune.
Por otro lado, el 26 % de ellos que él mismo se echó la soga al cuello y es su muerte política.
Lasso utilizó dicha figura legal para disolver la Asamblea y así no tener que esperar a un debate previsto en el Parlamento y una posterior votación para una moción de censura.
De acuerdo con las acusaciones, Lasso optó por mantener un acuerdo que ya había sido suscrito antes de que llegara a la Presidencia, a pesar de que existían informes que indicaban que dicho contrato resultaba perjudicial para el Estado.
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