Tal como informaron el sábado los medios locales, Lasso anuló el estado de excepción en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Pastaza e Imbabura, medida que se aprobó el 20 de junio, como respuesta al paro nacional indefinido convocado por los indígenas contra el Gobierno.
La decisión permitía la actuación de las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional para dispersar cualquier asociación y reunión, así como el establecimiento de un toque de queda nocturno en Quito.
Esa nueva medida permite de nuevo la libertad de reunión y asociación en el espacio público en las mencionadas provincias, epicentro de protestas desde el pasado 13 de junio.
Esto mientras, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador instaló, en la misma jornada del sábado, una sesión virtual con la asistencia de 135 asambleístas para debatir el pedido de destitución del presidente Lasso por la grave crisis interna.
Según la Constitución, el Parlamento tiene 72 horas para votar si puede seguir en el cargo el derechista Guillermo Lasso. Una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 asambleístas, deberían votar a favor para que sea posible la destitución.
La sesión se estableció pocas horas después de que representantes del Gobierno se reunieran con el presidente de la Confederación Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, y otros líderes de la comunidad indígena, en un primer acercamiento con el fin de conducir al país latinoamericano hacia la salida del actual impasse. Según declaró Iza tras la cita, los diálogos no llegaron a un buen puerto, así que la lucha se mantiene en Quito y en los territorios.
¿Por qué protestan los indígenas?
La marcha indígena convocada por la Conaie, principal movimiento indígena ecuatoriana, y que luego se contagió a otros sectores, como los docentes y estudiantes, se mantiene con carácter indefinido desde el 13 de junio, en espera de que el Gobierno acepte un pedido de garantías para sentarse a la mesa de diálogo. Tales marchas han dejado hasta el momento cinco muertos y más de 200 heridos.
Los manifestantes exigen el cumplimiento de un pliego de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera de forma ilegal
Después de casi un año en el poder, la cifra de desaprobación del presidente derechista se ubica en el 71,18 %, según un sondeo realizado a finales de mayo.
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