En un encuentro con la bancada del Partido Liberal, el jefe de Estado colombiano amplió el martes el alcance del proyecto de reforma constitucional que presentará el Gobierno ante el Congreso, al plantear que la comunidad internacional procesará a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La inclusión de la comunidad internacional envía un mensaje importante frente al mismo proceso de paz. (…) Eso envía un mensaje importante también a la Corte Penal Internacional (CPI), porque habría participación de la comunidad internacional en ese tribunal, lo cual, por supuesto, es lo que se anticipa como una de las ideas que va a presentar el Gobierno", señaló el senador Juan Manuel Galán
"La inclusión de la comunidad internacional envía un mensaje importante frente al mismo proceso de paz. (…) Eso envía un mensaje importante también a la Corte Penal Internacional (CPI), porque habría participación de la comunidad internacional en ese tribunal, lo cual, por supuesto, es lo que se anticipa como una de las ideas que va a presentar el Gobierno", señaló el senador Juan Manuel Galán.
La nueva iniciativa marcada por Santos se produjo luego de que el dignatario presentara el pasado 12 de agosto la formación de un "congresito" o comisión legislativa para refrendar eventuales acuerdos.
Sin embargo, las FARC rechazaron el miércoles las propuestas legislativas del presidente, porque a su juicio "contravienen" el programa de las negociaciones que sostienen Gobierno y guerrilla en La Habana (capital de Cuba).
"Toda iniciativa por fuera de la Agenda pactada o de los acuerdos ya alcanzados constituirían la mejor fórmula para echar por la borda, anticipadamente, el trabajo realizado de mutuo acuerdo" en los diálogos de paz, advirtió el jefe negociador de las FARC, Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez".
Asimismo, tildó de "caprichoso" y "unilateral" que el Ejecutivo colombiano y algunos sectores políticos del Congreso adelanten propuestas sobre mecanismos legislativos para la aplicación de un hipotético consenso de paz, y repudió la idea de un "tribunal especial" para juzgar a la guerrilla.
“Es que somos enemigos de la improvisación y de las supuestas soluciones que desconocen que lo que se debe elevar a norma constitucional, con la correspondiente refrendación popular, es lo acordado en La Habana. Solo así se garantiza la vinculación, participación y decisión del pueblo colombiano”, culminó.
Las declaraciones de Márquez tuvieron lugar en el mismo día que Humberto de la Calle, jefe negociador de la Administración de Santos, asegurara continuar sus esfuerzos para poner fin al conflicto armado.
Desde noviembre de 2012, Bogotá y las FARC mantienen diálogos para encontrar una salida al conflicto social y armado que sufre el país desde hace más de medio siglo y que han dejado, según datos extraoficiales, casi 5 millones de desplazados y al menos 600 mil muertos.
Hasta el momento, el Ejecutivo y las FARC han consensuado tres de los seis puntos de su agenda, además de formar una Comisión de la Verdad y un plan del desminado. Actualmente, las partes están discutiendo el tema de las víctimas del conflicto armado.
Sin embargo, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, calificó el pasado domingo de imposible el restablecimiento de la paz en menos de 20 años en el territorio, incluso tras llegar a un acuerdo con las FARC.
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