La delegación del Gobierno colombiano siempre ha buscado “lealmente construir un acuerdo que permita poner fin al conflicto armado que padece Colombia, cumpliendo con el propósito inicial de poner en práctica un proceso digno, serio y realista”, ha enfatizado este miércoles Humberto de la Calle, jefe negociador de la Administración de Juan Manuel Santos, en un comunicado.
La fórmula que se adopte en materia de justicia debe arrancar del reconocimiento de responsabilidades, al tiempo que debe satisfacer los derechos de las víctimas no solo a la verdad y a la reparación, sino también a la justicia auténtica”, especifica De la Calle.
Al recordar que han pasado tres años desde la firma del Acuerdo General para La Terminación del Conflicto (el 26 de agosto de 2012) en La Habana (capital cubana), que puso en marcha el proceso de paz, De la Calle ha recalcado que durante los últimos meses el Gobierno tomó parte en las conversaciones de manera “constructiva”.
El Ejecutivo ha logrado importantes acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), e intenta no solo borrar los hechos horrendos acaecidos en Colombia sino también impedir repetición de lo ocurrido, destaca el representante colombiano.
“La fórmula que se adopte en materia de justicia debe arrancar del reconocimiento de responsabilidades, al tiempo que debe satisfacer los derechos de las víctimas no solo a la verdad y a la reparación, sino también a la justicia auténtica”, especifica De la Calle.
Las declaraciones del funcionario colombiano han tenido lugar en el mismo día que las FARC arremetieran contra el plan del Gobierno de someter a consideración del Congreso un mecanismo para refrendar los acuerdos que se logren en el diálogo de paz que se celebran en La Habana.
A juicio de los guerrilleros, que insisten en que cualquier decisión debe ser por mutuo consenso, adoptar tal decisión contraviene el compromiso de que “todos los puntos de la agenda deben tratarse primeramente en la mesa de conversaciones”, ha sostenido el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez.
Asimismo, Márquez, dirigiéndose al pueblo colombiano ha dicho que “ninguna de las iniciativas que se lleven a las Cámaras por el Gobierno de forma unilateral (...) es vinculante para las FARC si previamente no han sido consensuadas en la mesa de diálogos, tanto sus contenidos como el método de su tramitación legislativa”.
La guerrilla decidió el 20 de agosto renovar la tregua unilateral en vigor desde el pasado 20 de julio. Los insurgentes reclaman insistentemente a Bogotá que se sume al cese de las hostilidades para sellar así una tregua bilateral que ayude a la firma del acuerdo de paz definitivo, pero el presidente Juan Manual Santos se niega, alegando que podría fortalecer militarmente a las FARC.
Por su parte, el pasado 23 de agosto, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, anunció que es imposible el restablecimiento de la paz en menos de 20 años en el territorio, incluso tras llegar a un acuerdo con las FARC.
De acuerdo con el comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, el próximo mes de septiembre comenzarán los diálogos de paz en Ecuador con el Gobierno de Colombia. Según el presidente de Ecuador, Rafael Correa, Quito (capital ecuatoriana) sería la sede de los diálogos de la paz.
Desde noviembre de 2012, Bogotá y las FARC mantienen diálogos para encontrar una salida al conflicto social y armado que sufre el país desde hace más de medio siglo que ha dejado unos 600 mil muertos y 5,3 millones de desplazados, según datos oficiales.
De una agenda de seis puntos, las partes han logrado acuerdos en tres puntos: la reforma rural, la participación política y las drogas ilícitas. Quedan los puntos más complejos, sobre víctimas, fin del conflicto y ratificación de lo pactado.
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