“Renuncia Piñera” y “Libertad a los presos políticos de la revuelta” fueron algunas de las consignas escritas en diversas pancartas que llevaba la multitud en otro viernes de protesta contra las políticas neoliberales del Ejecutivo.
Los carabineros (policía militarizada) volvieron a utilizar carros de agua y gases lacrimógenos para reprimir con violencia a los manifestantes en la Alameda de Santiago, arteria principal de la capital.
En la avenida Alameda y la Plaza Italia, bautizada por los indignados como “Plaza Dignidad”, se produjo algunas escaramuzas y enfrentamientos entre manifestantes y policías. Un reducido número de participantes lanzó objetos contundentes al personal policial e incendió barricadas.
Algunos usuarios de las redes sociales denunciaron que los carabineros lanzaron agua con químicos desde los tanques, provocando quemaduras en la piel de los manifestantes.
Desde el estallido de las protestas en octubre de 2019, la renuncia de Piñera sigue siendo una de las principales demandas de los manifestantes. La aprobación del mandatario ha ido en picada —13 %— y su gabinete enfrenta críticas por el mal manejo de la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, y violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros.
El motivo inicial de las protestas fue el alza del precio del transporte, pero las demandas populares fueron aumentado: los manifestantes exigían mejoras sociales y laborales y también la redacción de una nueva Carta Magna y la renuncia de Piñera, entre otras.
Las protestas continuaron después de que el Gobierno rechazara una reforma constitucional sobre un segundo retiro del 10 por ciento de los ahorros depositados en los Fondos de Pensiones para apoyar a los trabajadores y las familias ante la crisis económica provocada por la pandemia.
Desde el estallido social, la Fiscalía Nacional de Chile ha formalizado a un total de 5084 personas por supuestos delitos que van desde desorden público, saqueos, incendios, violencia institucional y atentados contra estaciones del metro. Del total de personas que fueron judicializadas, 648 se encuentran en prisión preventiva y 725 ya fueron condenadas.
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