El incidente se produjo el viernes 23 de octubre cuando un miembro de Carabineros (policía militarizada) se acercó a Tania Cárter, directora de la escuela República de Croacia de Cerro Navia, mientras cumplía su labor de brigadista de la salud en las inmediaciones de Plaza de la Dignidad, en Santiago, capital chilena, y procedió a rociarle el gas tóxico en el rostro de ella y de su hija.
“De acuerdo al informe de los médicos tratantes, hoy sigo con ceguera temporal por quemaduras de córneas, piel eritematosa en cara y cuello, además, quemaduras en las vías respiratorias: laringe, faringe y tráquea. Mi hija, además de las quemaduras quedó con espasmos y pérdida de movilidad en manos y pies”, detalló la profesora.
Lamentablemente, aunque han pasado dos semanas de los hechos, la docente no ha logrado recuperar la vista.
Cárter explicó también que el ataque ocurrió después de dos arremetidas de un carro policial y de un piquete contra un grupo de tres mujeres que resultaron detenidas.
En reacción, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, enfatizó que consideraba el ataque como “inaceptable”.
“Nosotros hemos denunciado muchos casos de ese tipo, hoy día es una profesora, pero son muchas personas las que han sufrido arbitrariedades, que en la mayoría de los casos ni siquiera los afectados denuncian porque no existe la confianza que vaya a existir algún tipo de justicia. Eso es lo que da más rabia y produce malestar en la ciudadanía y produce más desconfianza sobre Carabineros. Vamos a ofrecer toda la ayuda jurídica necesaria”, dijo Aguilar.
Las manifestaciones de los ciudadanos chilenos, que han sido las más importantes desde el fin de la dictadura, fueron causadas por el aumento de los pasajes del metro, pero más tarde se fueron incorporando otras reivindicaciones.
Distintos entes, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), les han acusado a Carabineros de violar los derechos humanos durante la represión de las movilizaciones. Según el Ministerio Público, hay más de 4600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad, pero sólo 75 agentes han sido imputados.
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